La Sección Segunda del alto tribunal revocó la medida cautelar que tenía congelado el elevado incremento decretado por el presidente Petro.
Bogotá, D.C. — En un sorpresivo giro judicial y económico que redefine las reglas del juego laboral en el país, el incremento del 23 % al salario mínimo en Colombia vuelve a estar plenamente vigente. La Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la suspensión provisional que mantenía congelado el polémico decreto expedido a finales de diciembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro, devolviendo la vigencia de manera inmediata a la cifra de aumento establecida para este año 2026.
La determinación se conoció formalmente a través del sistema judicial SAMAI, donde se registró el auto que resuelve de manera favorable un recurso de súplica interpuesto contra la medida cautelar previa. El documento electrónico cuenta con las firmas de los magistrados Elizabeth Becerra, Jorge Portocarrero, Jorge Iván Duque y Juan Enrique Bedoya; por su parte, el magistrado Luis Eduardo Mesa optó por salvar su voto, dejando en evidencia las profundas discrepancias jurídicas que genera el expediente al interior de la corporación.
Cabe recordar que los efectos del decreto presidencial habían sido frenados en seco el pasado mes de febrero por el magistrado ponente Juan Camilo Morales. En ese momento, la justicia consideró prudente suspender el incremento y ordenar la expedición de un nuevo acto administrativo que se ajustara de manera rigurosa a los parámetros constitucionales y legales vigentes, tales como las metas de inflación proyectadas por el Banco de la República, la productividad nacional certificada y la inflación real del año anterior.
Aunque el Consejo de Estado notificó formalmente la revocatoria de la medida por estado, el contenido detallado con los argumentos jurídicos de fondo que motivaron esta decisión aún no ha sido publicado. Con este nuevo panorama judicial, los reflectores se trasladan ahora a los sectores gremiales y empresariales, quienes habían advertido con preocupación sobre el fuerte impacto inflacionario y la presión sobre la generación de empleo que representa sostener un incremento salarial de tal magnitud en la actual coyuntura económica del país.