La crisis de gobernabilidad y la falta de capacidad operativa tienen al sistema penal acusatorio en el Atlántico operando con una impunidad casi absoluta. ¿Cuál
El sistema de justicia penal en Colombia no está bajo presión: está colapsado. La alarmante realidad de que el aparato judicial sea incapaz de castigar el delito de manera efectiva ya no es una hipótesis, sino un hecho sustentado por diagnósticos técnicos de la jurisdicción del Atlántico (que abarca Barranquilla, Soledad, Sabana Larga y Puerto Colombia).
En el marco del programa Acento: Conversaciones de Valor, Cristian Verbel, dialogó con Guillermo Polo Carbonel, abogado experto en gestión de seguridad, justicia y manejo de crisis (exsecretario de Gobierno y del Interior del Atlántico). Polo desglosó un crudo diagnóstico que revela que el diseño garantista del sistema penal acusatorio carece de las capacidades operativas básicas para responder a la criminalidad.
1. Las cifras de la impunidad: Un sistema que solo resuelve el 5% de los casos
El principal hallazgo del estudio descriptivo liderado por la Secretaría del Interior del Atlántico y la Fundación por Transparencia es devastador: por cada 100 procesos que ingresan al sistema, solo 5 terminan resueltos.
Demanda desbordada: En un lapso de seis años, la demanda penal en el departamento del Atlántico aumentó un 107%, pasando de 340,000 procesos a un acumulado histórico de 428,435 casos hacia 2025-2026.
Capacidad de respuesta diezmada: Mientras la demanda se duplicó, la capacidad de evacuación de inventario cayó del 17% en 2019 a apenas el 5.5% en 2025.
El destino del 94.5% restante: La inmensa mayoría de las denuncias quedan activas en un inventario inmanejable que sobrepasa las capacidades físicas de los despachos.
El drama de los archivos y las preclusiones
De los escasos procesos que concluyen (apenas el 5.5% del total general), el 82.3% termina en archivo y solo el 14.3% llega a una sentencia.
Lo preocupante ocurre al analizar el fondo de estas decisiones:
Imposibilidad de identificar al delincuente: El 68% de los archivos se produce porque el Estado no logra identificar al sujeto activo del delito. El crimen existió y dejó una víctima, pero la capacidad investigativa es nula.
Falta de pruebas de la Fiscalía: Del porcentaje que alcanza sentencia, el 71% se da por la figura de preclusión. Esto significa que los jueces se ven obligados a cerrar los casos porque el ente investigador no logra reunir el material probatorio suficiente.
2. El 98% de las audiencias fallidas son culpa del propio Estado
Uno de los cuellos de botella más indignantes para el ciudadano de a pie es el fracaso sistemático de las audiencias de control de garantías y conocimiento. El diagnóstico arrojó que el 50% de las audiencias programadas no se realizan.
Lo grave es que el 98% de estas fallas es responsabilidad del Estado:
El fiscal asignado no se presenta.
El juez no aparece o tiene cruces de agenda.
El defensor de oficio (público) argumenta casos fortuitos.
Al ser fallas atribuibles directamente a la administración pública, los términos procesales no se congelan. Esto genera el nefasto fenómeno del vencimiento de términos, permitiendo que delincuentes de alto impacto recuperen la libertad sin que se haya determinado su inocencia o culpabilidad.
3. Sobrecarga laboral extrema: 2,700 procesos por fiscal
La falta de simetría entre la oferta de operadores de justicia y la densidad criminal es evidente. Barranquilla y su área metropolitana cuentan con la segunda menor oferta de jueces y fiscales entre las 10 principales ciudades intermedias de Colombia (solo superando a Cartagena).
Esto se traduce en que un fiscal promedio en el Atlántico deba gestionar una carga activa de más de 2,700 procesos al año, cuando su capacidad operativa real y humana no debería superar los 135 casos. Resolver este volumen implicaría fallar o tramitar de 7 a 8 casos diarios sin descanso de fines de semana, una utopía física y técnica.
4. El Plan de Tres Tiempos para salvar la justicia y el sistema carcelario
Para contrarrestar este panorama, Guillermo Polo Carbonel plantea una hoja de ruta crítica estructurada en tres etapas operacionales, la cual deberá ser liderada con firmeza por el nuevo gobierno nacional:
Tiempo 1: El presupuesto y el espacio fiscal
El colapso de la justicia no se soluciona únicamente con reformas legislativas escritas; se soluciona con recursos. Es urgente que el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura presenten un proyecto de presupuesto conjunto al Congreso. Este debe apalancarse en la lucha contra el contrabando y la evasión fiscal para inyectar recursos técnicos, humanos y de infraestructura judicial de manera progresiva.
Tiempo 2: Reorientación de la Política Criminal y Filtros Tecnológicos
El país requiere optimizar lo que ya tiene. Polo propone implementar un software inteligente que centralice y cruce las agendas de fiscales, jueces y defensores para impedir que se programen audiencias inviables, evitando así el vencimiento de términos. Además, se deben crear burbujas operacionales (grupos élite de fiscales y policía judicial sin más carga procesal) dedicadas exclusivamente a desmantelar los delitos de alto impacto como la extorsión, el microtráfico y el sicariato.
Tiempo 3: Reforma al sistema penitenciario y carcelario
El hacinamiento y la falta de control en las prisiones son el eslabón final de la cadena de impunidad. Polo enfatiza que en Colombia no existen cárceles de verdadera máxima seguridad, permitiendo que los cabecillas de bandas criminales sigan coordinando extorsiones y homicidios desde sus celdas.
Se propone adoptar un modelo penitenciario estricto que garantice el debido proceso y la justicia restaurativa para delitos comunes, pero que aísle e incomunique por completo a las estructuras del crimen organizado.
Un sistema judicial que convive con un 95% de inoperatividad no es lento; es un sistema que tolera e incentiva la criminalidad. El delincuente sabe que la probabilidad de recibir castigo en Colombia es prácticamente inexistente. Corregir el rumbo de la justicia y reformar el sistema carcelario no es solo un asunto legal, es la columna vertebral para devolver la seguridad y la prosperidad económica a regiones clave como el Atlántico y a todo el país.