Apenas 48 horas después del triunfo presidencial de la derecha, Sneyder Pinilla activó una estrategia de supervivencia internacional. El exsubdirector de la UNG
BOGOTÁ — El mayor entramado de corrupción estatal en la historia reciente de Colombia acaba de cruzar las fronteras jurisdiccionales, amenazando con convertirse en un expediente de orden federal en los Estados Unidos. El martes 23 de junio de 2026, en medio de la agitada transición política que vive el país, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), detonó una bomba diplomática y judicial.
A través de su defensa legal, Pinilla dirigió una misiva formal al Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y a los congresistas republicanos Bernie Moreno y Maria Elvira Salazar. En el documento, el exfuncionario, quien ha manifestado temer por su vida, ofreció entregar información clasificada, testimonios y pruebas documentales sobre una extensa red de corrupción que utilizó operaciones financieras internacionales vinculadas al erario colombiano.
"He tenido conocimiento de hechos, circunstancias, rutas de decisión, movimientos de recursos y actuaciones de altos funcionarios (...) que permitirían comprender la dimensión real de una estructura de corrupción", se lee en los fragmentos revelados de la comunicación.
La activación de la jurisdicción extraterritorial (FCPA)
Para nuestra mesa de análisis, este movimiento de Pinilla no es fortuito; es una sofisticada jugada de supervivencia. Al buscar la atención de Washington, el exsubdirector intenta activar la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
Si las autoridades norteamericanas comprueban que el dinero de los sobrecostos de la UNGRD o los sobornos legislativos transitaron por el sistema financiero estadounidense (cuentas en Miami, Nueva York o paraísos fiscales dolarizados), el Departamento de Justicia (DOJ) adquiere competencia inmediata para intervenir, congelar activos y solicitar extradiciones. Además, convertirse en un testigo de interés estratégico para EE. UU. le otorga a Pinilla una capa de protección física internacional frente a posibles atentados de las mafias locales.
La anatomía del saqueo: de las "maletas deportivas" al billón de pesos
Las pruebas que Pinilla pretende exportar a Estados Unidos documentan un modelo de "gobernanza transaccional" sin precedentes, donde los recursos para mitigar desastres naturales se utilizaron como caja menor para sobornar al Congreso.
El expediente consolida una matriz de desfalco monumental:
El billón oculto: Más allá del sonado caso de los carrotanques en La Guajira —que presentaron un sobrecosto del 54% (más de 16.000 millones de pesos perdidos)—, las autoridades han detectado 25 contratos de obra ocultos tramitados a través de la Fiduprevisora que ascienden a 1,05 billones de pesos.
La maleta de Iván Name: Pinilla confesó que se pagaron sobornos en efectivo a los líderes del legislativo. Al entonces presidente del Senado, Iván Name, se le habrían entregado 3.000 millones de pesos. La logística incluyó la compra de una gran "maleta deportiva" para transportar los primeros 1.500 millones en efectivo a una habitación de hotel en Bogotá, operación presuntamente intermediada por Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones.
Transferencias frenéticas: En sus últimos cinco días en el cargo, Pinilla y el exdirector Olmedo López inyectaron cerca de 500.000 millones de pesos a fondos de alcaldías controladas por aliados políticos en Santander, Córdoba y Antioquia, pagando favores antes de su destitución.
Capital político para la era De la Espriella
El momento cronológico de esta internacionalización es letal para el gobierno saliente de Gustavo Petro y altamente rentable para el entrante. La carta de Pinilla se materializa apenas 48 horas después del triunfo presidencial del derechista Abelardo de la Espriella.
El material probatorio que se entregue en Washington contra altos funcionarios de la administración Petro le proporcionará a De la Espriella un argumento irrefutable para justificar sus promesas de campaña de mano dura, el drástico recorte del aparato burocrático y la implementación del propuesto "Bloque Anticorrupción". Con la justicia estadounidense observando, el escándalo de la UNGRD acaba de dejar de ser un problema local para convertirse en el primer gran dossier geopolítico del nuevo cuatrienio.