Hollman Morris convirtió el sistema de medios públicos en trinchera personal. Las mujeres que lo denuncian terminan procesadas. Él, blindado desde la Casa de Na
Esta mañana, a las 7:57, María Jimena Duzán publicó en X lo que ya era un secreto a voces entre las periodistas colombianas. El comunicado, firmado por decenas de mujeres —Ana Cristina Restrepo Jiménez, María Elvira Samper, Catalina Ruíz-Navarro, Martha Lucía Mejía, Ana María Mesa Villegas, entre otras— alcanzó 75.900 visualizaciones en pocas horas bajo el hashtag #NoAlPactoDeSilencio. El mensaje no es nuevo. Lo nuevo es que ya nadie tiene paciencia para seguir esperando que el gobierno reaccione.
El caso de Hollman Morris, gerente de RTVC y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Gustavo Petro, ha dejado de ser una controversia sobre conductas personales para convertirse en algo más grave: la demostración de cómo el poder institucional puede ponerse al servicio de silenciar a las mujeres que denuncian. Y cómo el dinero público puede financiar ese silenciamiento.
La abogada, los contratos y la pregunta que nadie quiere responder
El núcleo más reciente del escándalo es tan concreto como incómodo: Claudia Cristancho, abogada personal de Morris en el proceso penal que él inició contra Lina Castillo —la mujer que lo denunció por acoso en 2019 y que hoy es acusada por él de injuria y calumnia— ha sido beneficiaria de tres contratos en RTVC que suman cerca de 445 millones de pesos. El supervisor de esos contratos es el propio Morris. 
La pregunta es elemental: ¿quién paga los honorarios del juicio personal? Tanto Morris como Cristancho niegan que los recursos públicos financien el proceso contra Castillo. Pero cuando se les pidieron comprobantes de pago de los honorarios privados para despejar la duda, la respuesta fue que se trata de un asunto confidencial, que solo revelarían si un ente de control lo exige formalmente. 
La senadora Angélica Lozano lo puso en términos directos: “RTVC paga con recursos públicos la abogada que denuncia penalmente a la víctima de acoso.”  El señalamiento no ha recibido una refutación documentada. Solo la promesa de confidencialidad de quienes administran el erario.
El primer contrato de Cristancho con RTVC se firmó el 7 de abril de 2025, por 176 millones de pesos. El segundo inició en diciembre del mismo año y se extiende hasta junio de 2026, por 129 millones adicionales. Su objeto: asesoría jurídica especializada, incluyendo participación en asuntos de litigio y resolución de controversias, con la obligación de “realizar cualquier otra actividad jurídica que el supervisor le asigne”.  El supervisor, recuérdese, es el mismo hombre al que ella defiende en su proceso personal.
La audiencia como escenario de poder
El 18 de marzo de 2026, en plena audiencia del juicio contra Lina Castillo en el Juzgado 123 Penal Municipal de Bogotá, ocurrió algo que las firmantes del comunicado de hoy describen como un acto de intimidación institucional en tiempo real.
Morris llegó acompañado de personal de RTVC con cámaras. En un video conocido por El Colombiano, se le ve indicándole a uno de los camarógrafos que se quede grabando la audiencia. Las cámaras grababan “intensamente” a Castillo y a las mujeres que la acompañaban. En las audiencias virtuales, Morris ingresa usando el logo de RTVC como fondo de pantalla, algo que las denunciantes califican como innecesario e intimidatorio. 
La periodista Ana Cristina Restrepo, firmante del comunicado de hoy, lo documentó con precisión: “A usted, Hollman Morris, el poder lo tiene enloquecido, lleva a tribunales a una mujer que lo denunció y después llega con gente de RTVC a la audiencia. ¿Qué tipo de intimidación es esa? ¿Qué dice la Fiscalía? ¿No hay una sola persona con enfoque de género en esa sala?” 
Hay una respuesta implícita en la pregunta: no. La Fiscalía ya ha reconocido formalmente que no aplicó el enfoque de género durante la investigación. Pese a ese reconocimiento, el proceso continuó.
La jueza que llevaba el caso se declaró impedida y fue repartido a un nuevo juez. 
La denunciante procesada, el gerente blindado
El comunicado de hoy reconstruye la secuencia sin rodeos. En 2019, Lina Castillo denunció públicamente en La FM que Morris la había acosado sexualmente en el Concejo de Bogotá. La Corte Constitucional ha sido explícita en que ese tipo de denuncia pública es un derecho protegido: la sentencia T-241, que retoma la C-222 de 2022, establece que el escrache feminista es discurso constitucionalmente amparado y que los asuntos de violencia de género son de interés público.
Morris respondió denunciándola por injuria y calumnia. La Fiscalía decidió acusar a Castillo. La tesis del ente investigador afirma que “existen suficientes evidencias y material probatorio para afirmar con probabilidad de verdad que la señora Lina Castillo infringe la ley penal”.  Castillo se retractó de algunas afirmaciones secundarias —sobre un supuesto intento de atropello y días de incapacidad sin respaldo documental— pero mantuvo la denuncia central por acoso. La Fiscalía no aceptó la preclusión.
La abogada defensora de Castillo, Ana Bejarano, formuló la pregunta que el Estado colombiano no ha sabido responder: “¿Para qué tenemos las mujeres en Colombia el derecho a escrachar a nuestros agresores si igual nos van a procesar penalmente? ¿Cuándo se aplica el enfoque de género?” 
La subgerente que no ve nada
Mientras el escándalo se amplificaba este fin de semana, impulsado por las revelaciones sobre Caracol Televisión, la subgerente de RTVC, María Paula Fonseca, salió a decir lo impensable.
Cuando la candidata presidencial Claudia López mencionó los casos de RTVC junto con los de Caracol, Fonseca respondió públicamente: “Señora Claudia López, en RTVC no hay denuncias de acoso sexual. No ha lugar su mención al sistema de medios públicos.” 
Fonseca añadió que ningún ente de control ha corroborado casos de acoso laboral y sexual en el sistema de medios públicos, y concluyó: “Si alguien aquí ha sido investigado y sometido a escrutinio es RTVC. No traten de desviar la atención sobre lo que sucede en canales privados con RTVC.” 
La afirmación es, en el mejor de los casos, una omisión grave. En el peor, una falsedad verificable. Las denuncias de las directoras de Señal Colombia y Canal Institucional en enero de 2024 están documentadas. Las denuncias de Lina Castillo y Carolina Valencia datan de 2019.
El proceso penal activo contra Castillo, impulsado por el propio gerente, existe en los registros judiciales. La exgerente Nórida Rodríguez, quien conoció el caso desde adentro, lo expresó sin ambigüedad: “Abrazo a todas las víctimas, en especial a las de RTVC que, a pesar de todos mis esfuerzos, no pude defender.” 
Las facturas del whisky y el pulpo
El caso Morris en RTVC no es solo de violencia de género. Es también de uso discrecional del erario. El representante electo Daniel Briceño reveló facturas que demuestran que RTVC pagó con recursos públicos más de 4,2 millones de pesos en cenas que incluyeron whisky, aguardiente, vino, jamón ibérico y pulpo a la parrilla. Los gastos fueron legalizados como “gastos de producción” dentro de un contrato de prestación de servicios por 30 millones de pesos. 
Morris respondió que los gastos correspondían a una recepción para una delegación cultural venezolana en el marco de la Primera Muestra Binacional de Cine “Somos hermanos”, realizada entre el 1 y 5 de noviembre de 2025. 
Puede ser cierto. Puede ser una justificación plausible. Lo que no puede ignorarse es el patrón: cada vez que aparece una irregularidad documentada en RTVC, la respuesta institucional es la misma — acusar a quien pregunta de hacer “campaña de desprestigio”.
RTVC entregó 455 millones de pesos a una empresa propiedad de la esposa del exministro Eduardo Montealegre para demandarlo a él —Briceño— por sus señalamientos públicos sobre la entidad. 
Es decir: recursos del Estado colombiano pagando abogados para silenciar al control político. El mismo modelo que se aplica contra Lina Castillo, con la diferencia de que en su caso la herramienta es el proceso penal personal del gerente.
El observatorio europeo y el proselitismo
Hay una dimensión adicional que completa el cuadro. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, tras las elecciones del 8 de marzo, señaló desequilibrios en la cobertura mediática, indicando que la televisión y la radio estatales “favorecieron al presidente, al Gobierno y a los partidos que lo apoyan”, mientras la oposición tuvo presencia más limitada. 
Un medio público que beneficia electoralmente al partido gobernante, que usa sus recursos para silenciar denunciantes, que contrata a la abogada personal del gerente con dinero del Estado y que envía camarógrafos a intimidar a mujeres en audiencias judiciales: este es el perfil institucional de RTVC bajo la gerencia de Hollman Morris.
Lo que el #NoAlPactoDeSilencio exige
El comunicado firmado hoy por Duzán y sus colegas tiene tres exigencias concretas dirigidas a la Fiscal General Luz Adriana Camargo: un juicio con garantías y enfoque de género para Lina Castillo, el respeto al derecho constitucional al escrache, y el fin de la persecución penal a mujeres que denuncian mientras los señalados permanecen en sus cargos.
Las firmantes invocan la CEDAW —el principal instrumento internacional de protección de derechos de las mujeres— para recordar que Colombia tiene obligaciones vinculantes de prevenir, proteger y sancionar la violencia de género. Y cierran con Gisèle Pelicot, la mujer francesa cuyo caso sacudió a Europa en 2024: la vergüenza debe cambiar de bando.
Para Acento, la pregunta de fondo es política, no solo judicial: ¿puede un gobierno que proclama el feminismo de Estado como eje de su proyecto mantener en el cargo a un funcionario cuya abogada personal cobra 445 millones del erario que él supervisa, que usa el personal del canal público para grabar a sus denunciantes y que ha convertido un proceso penal en instrumento de represalia institucional?
El gobierno sabe la respuesta. Por eso la posesión de Morris en 2024 fue sin rueda de prensa. Por eso la subgerente sale a decir que en RTVC “no hay denuncias”.
Por eso la Fiscalía procesó a la denunciante y no al denunciado.
La vergüenza no ha cambiado de bando. Todavía.
Acento Colombia verificó cada dato de este artículo con fuentes primarias. Este análisis no constituye un juicio penal ni asigna culpabilidad jurídica. Es periodismo de criterio sobre decisiones públicas verificables.