Ignorar esa evidencia y sugerir —explícita o implícitamente— que la emergencia es consecuencia de una mala operación, no solo es técnicamente falso: desinforma
En medio de la crisis por las inundaciones en Córdoba, el Gobierno nacional decidió trasladar el Consejo de Ministros a Montería para abordar la situación generada por las crecientes del río Sinú. Sin embargo, una ausencia llamó la atención entre los actores del sector energético y de gestión del riesgo: la Central Hidroeléctrica URRÁ I y su gerente no fueron convocados a la reunión, pese a que la infraestructura es uno de los ejes técnicos centrales del manejo hidráulico en la región.
La decisión se produce en un contexto marcado por un evento hidrometeorológico extremo. De acuerdo con información técnica conocida durante la emergencia, los aportes al embalse durante los primeros días de febrero superaron ampliamente los registros históricos para esta época del año. El promedio multianual de febrero ronda los 121 metros cúbicos por segundo, pero desde la madrugada del 1 de febrero los caudales comenzaron a incrementarse de forma acelerada, con valores iniciales cercanos a 780 m³/s y picos que alcanzaron hasta 2.600 m³/s. (Metros cúbicos por segundo).
Durante al menos 48 horas consecutivas, los aportes se mantuvieron alrededor de 2.000 m³/s, y por ocho días seguidos superaron los 700 m³/s, que corresponde al caudal máximo permitido del río Sinú bajo condiciones normales de operación. Para febrero, considerado tradicionalmente un mes de verano, el caudal típico del río es cercano a 272 m³/s, lo que da cuenta de la magnitud atípica del fenómeno.
Frente a este escenario, la operación de Urrá se desarrolló bajo los parámetros establecidos en su licencia ambiental y en las curvas guía máximas definidas para cada mes. Según los reportes técnicos, al inicio del evento el nivel del embalse se encontraba por debajo de la curva guía máxima y las maniobras posteriores respondieron a los protocolos previstos para escenarios de crecientes extremas, incluyendo la activación del Plan de Emergencias y Contingencias y la coordinación con las autoridades del sistema de gestión del riesgo.
Ignorar esa evidencia y sugerir —explícita o implícitamente— que la emergencia es consecuencia de una mala operación, no solo es técnicamente falso: desinforma a la opinión pública y debilita la gestión del riesgo. Más grave aún, deja a la empresa operadora como chivo expiatorio de un fenómeno natural que superó cualquier patrón estacional conocido.
Aun así, desde el Ejecutivo se han emitido mensajes que han reavivado el debate público sobre el papel de la hidroeléctrica en la emergencia. En ese contexto, la exclusión de la empresa operadora del Consejo de Ministros en Montería ha generado inquietud entre expertos, que advierten sobre los riesgos de analizar la situación sin la participación directa del equipo técnico que administra el embalse y regula los caudales del río.
Urrá I es una central multipropósito. Además de la generación de energía, su operación está sujeta a obligaciones ambientales que buscan mantener el régimen hidráulico del Sinú y mitigar crecientes aguas abajo. Su participación en el Sistema Interconectado Nacional representa cerca del 2 % de la energía del país, lo que limita su incidencia en variables como los precios del mercado eléctrico, pero no reduce su importancia en términos de control hidráulico y gestión del riesgo regional.
El traslado del Consejo de Ministros a Montería se presenta como una señal política de atención a la emergencia. Sin embargo, la ausencia de Urrá y de sus informes técnicos en esa instancia deja abierta una discusión sobre la articulación institucional en medio de eventos extremos y sobre el peso que están teniendo los datos técnicos frente a las decisiones políticas.
Mientras continúan las evaluaciones de daños y la atención a las comunidades afectadas, el episodio plantea un interrogante de fondo: cómo se toman las decisiones en situaciones de riesgo cuando la evidencia técnica no tiene asiento en la mesa principal del Gobierno.