El detonante fue una cadena de decisiones judiciales que golpearon directamente al círculo político del Gobierno.
Las tensiones entre la Casa de Nariño y el búnker de la Fiscalía dejaron de ser un rumor político y se convirtieron en un enfrentamiento público. El presidente Gustavo Petro ha hecho explícita su incomodidad con la gestión de la fiscal general Luz Adriana Camargo, a quien él mismo incluyó en la terna que la Corte Suprema eligió para reemplazar a Francisco Barbosa.
El detonante fue una cadena de decisiones judiciales que golpearon directamente al círculo político del Gobierno.
En menos de 48 horas, la Fiscalía anunció el llamado a imputación contra Juliana Guerrero, activista cercana al presidente y exfuncionaria del Ejecutivo. Deberá responder el próximo 27 de febrero por presuntos delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, relacionados con la obtención de su título profesional como contadora en la Fundación Universitaria San José. Según la investigación, no habría cumplido con los requisitos académicos exigidos. La Fiscalía prevé solicitar medida de aseguramiento.
Guerrero ocupó cargos en el despacho presidencial, fue jefe de gabinete en el Ministerio del Interior y llegó a ser designada viceministra de Juventudes. El presidente la defendió públicamente tras conocerse la imputación.
Casi en paralelo, el ente acusador llamó a imputación al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, exgerente de la campaña presidencial de 2022. En su caso se adelantarán dos procesos: uno por la presunta financiación irregular de la campaña y otro por la compra y adecuación de un apartamento en Bogotá. Aunque enfrenta cargos, no se anticipa una medida de aseguramiento, lo que le permitiría mantenerse en el cargo.
Meses atrás, la Fiscalía también solicitó órdenes de captura contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ambos fueron defendidos por el presidente.
Estas actuaciones se producen en medio del debate sobre la lentitud en el proceso contra el hijo del Presidente , Nicolás Petro, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Durante la administración de Camargo, ese expediente no ha tenido decisiones definitivas que definan su rumbo procesal, situación que ha sido cuestionada desde distintos sectores políticos.
La reacción presidencial fue directa. Tras las imputaciones contra Guerrero y Roa, Petro insinuó en su cuenta de X una supuesta relación entre la fiscal y el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, mencionando incluso al esposo de la fiscal. Tanto la Fiscalía como el propio abogado desmintieron los señalamientos.
En otra publicación, el mandatario afirmó que es “víctima de su propio invento”, al referirse a su decisión de haber buscado una fiscal independiente. La frase sintetiza el giro en la relación: la independencia que se reivindicó como principio ahora es señalada como causa del desencuentro.
La fiscal Camargo no ha respondido públicamente a los señalamientos. El episodio marca un punto de inflexión institucional. El presidente propuso la terna, pero la Corte eligió y la fiscal actúa con autonomía constitucional. Esa separación de poderes, prevista en el diseño institucional, es hoy el centro del conflicto.
Lo que comenzó como una expectativa de renovación terminó convertido en un choque abierto entre el Ejecutivo y el ente acusador, con implicaciones políticas que trascienden los casos individuales y se proyectan sobre el equilibrio de poderes en un año preelectoral.