No prosperó la ley que buscaba ratificar la creación del Ministerio de la Igualdad y otro proyecto clave que quedó frenado fue la reglamentación de la jurisdicc
No prosperó la ley que buscaba ratificar la creación del Ministerio de la Igualdad y otro proyecto clave que quedó frenado fue la reglamentación de la jurisdicción agraria.
El segundo semestre legislativo dejó un balance adverso para el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Las principales apuestas del Ejecutivo, especialmente en materia económica e institucional, enfrentaron bloqueos, hundimientos y dilaciones que evidencian un debilitamiento de su capacidad de maniobra política, en un contexto marcado por el déficit fiscal, la fragmentación de las mayorías y el ambiente preelectoral que ya comienza a permear al Legislativo.
El golpe más fuerte llegó desde el frente económico. Por segunda vez en menos de un año, el Senado negó la reforma tributaria, rebautizada por el Gobierno como ley de financiamiento, con la que el Ejecutivo buscaba cerrar la brecha fiscal.
El rechazo obliga ahora al Gobierno a enfrentar un déficit proyectado de $16,3 billones para 2026, escenario que lo forzará a realizar recortes presupuestales que impactarán directamente programas sociales, uno de los pilares del proyecto político de Petro.
El único avance relevante en esta materia fue la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2025, que estuvo a punto de naufragar, pero finalmente fue avalado por $546,9 billones. No obstante, el Congreso introdujo un recorte de $10 billones, lo que refleja la falta de respaldo pleno al manejo fiscal del Ejecutivo y anticipa tensiones en la ejecución del gasto.
Tampoco prosperó la ley que buscaba ratificar la creación del Ministerio de la Igualdad, una de las banderas simbólicas del Gobierno y compromiso central con la vicepresidenta Francia Márquez. El proyecto, presentado para subsanar un vicio de trámite advertido por la Corte Constitucional, se estancó en las comisiones primeras de Senado y Cámara, pese a contar con mensaje de urgencia. Desde la oposición, se argumentó que el interés real del Ejecutivo era recuperar la formalidad jurídica del ministerio para disponer de su abultado presupuesto en un año preelectoral.
Otro proyecto clave que quedó frenado fue la reglamentación de la jurisdicción agraria, reforma constitucional aprobada en 2024 pero que requería desarrollo legal en 2025. Aunque superó su primer debate en comisiones, no logró avanzar en plenarias, especialmente en la Cámara, donde el Gobierno no consiguió garantizar el quórum.
La controversia por un artículo que abría la puerta a la llamada “expropiación exprés” terminó por minar los apoyos. Su futuro quedó aplazado hasta marzo, cuando regresen al Capitolio congresistas que no lograron reelegirse, lo que añade incertidumbre al trámite.
El listado de reveses incluye también la ley de sometimiento, radicada por el entonces ministro de Justicia, Jorge Eduardo Montealegre. El proyecto, que ofrecía beneficios judiciales a grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, no obtuvo respaldo en la Comisión Primera de la Cámara y se hundió en medio de cuestionamientos políticos y tensiones internas en el Gobierno.
A esto se suma la falta de avance en proyectos considerados estratégicos por el Ejecutivo, como la ley de Inteligencia Artificial y la reforma para la regulación y democratización del sector energético. Ambos contaron con mensaje de urgencia, pero no lograron siquiera iniciar su trámite, lo que refleja la desconexión entre las prioridades del Gobierno y la agenda efectiva del Congreso.
En contraste, quien salió fortalecido fue el procurador general, Gregorio Eljach, a quien el Legislativo le aprobó en tiempo récord dos iniciativas: la que eleva a universidad el centro de altos estudios de la Procuraduría y la ley conmemorativa de los 200 años de la entidad.
Pese al balance negativo para el Ejecutivo, el Congreso sí aprobó varias leyes de impacto social, entre ellas la ley Sarita, que agiliza la entrega anticipada de títulos en procesos de alimentos para menores; normas para incluir a las juventudes rurales en la reforma agraria; medidas contra el hambre y la inseguridad alimentaria; así como iniciativas educativas y de apoyo al emprendimiento caficultor.
En conjunto, el semestre legislativo deja al Gobierno Petro con avances puntuales, pero con un saldo político desfavorable. La dificultad para construir consensos y la pérdida de control sobre las mayorías anticipan un 2025 aún más complejo, marcado por la cercanía de las elecciones y un Congreso cada vez menos dispuesto a acompañar las reformas estructurales del Ejecutivo.
