Colombia se convierte así en el único país latinoamericano incluido en la lista de países “seguros”, una categoría que comparte con naciones como Marruecos, Egi
Colombia se convierte así en el único país latinoamericano incluido en la lista de países “seguros”, una categoría que comparte con naciones como Marruecos, Egipto o Túnez.
La decisión de la Unión Europea (UE) de incluir a Colombia en la lista de países considerados “seguros” marca un giro significativo en la política de asilo hacia los ciudadanos colombianos y envía una señal política clara: Bruselas busca cerrar el paso a lo que considera un uso indebido de los mecanismos de protección internacional.
Aunque la medida no implica formalmente la imposición de un visado, en la práctica restringe el acceso al asilo y acelera los rechazos, con un impacto directo sobre miles de personas que veían en Europa, especialmente en España, una vía de escape frente a la inseguridad y la precariedad.
El movimiento de la Comisión Europea no fue abrupto ni aislado. Durante meses, varios gobiernos europeos presionaron a Colombia para que contuviera el aumento de solicitantes de asilo, bajo la amenaza explícita de suspender la exención de visado Schengen.
El mensaje fue reiterado desde Londres, Berlín y Madrid: si Colombia quería conservar el libre tránsito de corta estancia, debía actuar para frenar lo que Europa interpretaba como una distorsión del sistema de asilo.
Colombia se convierte así en el único país latinoamericano incluido en la lista de países “seguros”, una categoría que comparte con naciones como Marruecos, Egipto o Túnez, tradicionalmente asociadas a altos flujos de migración irregular. La clasificación permite a los Estados miembros tramitar de forma acelerada las solicitudes y facilitar la expulsión de quienes reciban una respuesta negativa, reduciendo garantías procesales.
Paradójicamente, las cifras que detonaron esta decisión son modestas en términos europeos. En 2024, unos 50.330 colombianos solicitaron asilo en la UE, el 79% de ellos en España, según Eurostat. En un bloque de 450 millones de habitantes y con sistemas de asilo desbordados por conflictos de mayor escala, el flujo colombiano representa una fracción menor. Sin embargo, se convirtió en un símbolo del endurecimiento migratorio que atraviesa el continente.
El antecedente más severo fue el del Reino Unido. Tras eliminar el visado para colombianos en 2022, Londres reaccionó con rapidez ante el aumento de solicitudes de asilo, que pasaron de cifras marginales a poco más de 700 en 2024, y restableció el requisito. Para el entonces embajador colombiano en Londres, Roy Barreras, la decisión estuvo marcada por los llamados “falsos asilos” y una “cultura del atajo” que terminó por cerrar cualquier margen de negociación.
Alemania siguió el mismo libreto. Aunque el 99,7% de las solicitudes colombianas eran rechazadas, Berlín elevó el tono y advirtió que en Europa ya se debatía replicar la decisión británica. El mensaje fue directo: Europa necesita mano de obra, pero no a través del asilo. La advertencia sobre la posible suspensión del visado Schengen encendió las alarmas diplomáticas en Bogotá.
España, principal destino de los solicitantes colombianos, terminó por sumarse a esta línea dura. Durante años defendió la exención de visado, pero el aumento sostenido de peticiones, que llegaron a rozar las 60.000 anuales, y la percepción de que el asilo se estaba utilizando como vía de regularización forzaron un cambio de postura. La reforma de la ley de extranjería cerró ese camino y tuvo un efecto inmediato: las solicitudes cayeron de unas 40.000 a finales de 2024 a menos de 14.000 en noviembre de este año.
En el trasfondo del debate hay una brecha jurídica y social. Muchos colombianos que emigran, especialmente de sectores medios y populares, asocian experiencias de violencia, extorsión o amenazas con el derecho al asilo.
Sin embargo, estos casos rara vez encajan en los criterios de la Convención de Ginebra, que exige persecución individualizada o contextos de conflicto armado generalizado. La consecuencia ha sido una tasa de reconocimiento de apenas el 5%, uno de los principales argumentos de la Comisión para justificar su decisión.
No obstante, la inclusión de Colombia en la lista de países “seguros” ha despertado fuertes críticas. Expertos y eurodiputados advierten que esta clasificación puede invisibilizar realidades complejas y dejar en desprotección a personas en riesgo, como líderes sociales o habitantes de zonas rurales controladas por grupos armados. La eurodiputada española Estrella Galán denunció que la lista se elaboró sin contar con informes técnicos definitivos y que estos, lejos de avalar la medida, alertan sobre graves violaciones de derechos humanos.
Más que un juicio sobre Colombia, la decisión refleja la estrategia europea de blindar sus fronteras y reducir la presión migratoria.
