El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que le preocupa la situación de los presos políticos. El balance present
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que le preocupa la situación de los presos políticos.
El balance presentado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ante el Consejo de Derechos Humanos confirma que la situación en Venezuela no solo sigue siendo crítica, sino que se ha agravado en los últimos meses.
Lejos de mostrar avances, el país atraviesa un escenario de mayor restricción de libertades, profundización de la represión y debilitamiento de las garantías fundamentales, en un contexto político marcado por la tensión poselectoral y el aislamiento internacional.
En su actualización oral, Türk fue enfático al señalar que desde su último informe, presentado en junio, no se han producido mejoras sustanciales. Por el contrario, persisten las restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas. A este panorama se suma una creciente tensión social y económica que, según el funcionario, mantiene a la sociedad venezolana en un estado de alta vulnerabilidad.
Uno de los elementos más preocupantes del informe es la intensificación del cierre del espacio cívico. Türk advirtió que la vida pública se ha militarizado aún más, elevando el riesgo de violencia en un país con elevados índices de criminalidad. Esta tendencia se ve reforzada por la aprobación, entre septiembre y noviembre, de leyes que otorgan poderes de emergencia ampliados al Ejecutivo, bajo el argumento de amenazas externas. El hecho de que el contenido de estas normas no haya sido divulgado impide el escrutinio público y genera serias dudas sobre su compatibilidad con el derecho internacional.
El alto comisionado también alertó sobre prácticas que fomentan el control social y el miedo. Su Oficina recibió denuncias de reclutamientos coercitivos en la Milicia Bolivariana, que incluirían adolescentes y personas mayores, así como reportes sobre el uso de una aplicación estatal para promover denuncias entre ciudadanos contra familiares, vecinos o colegas. Según Türk, estas dinámicas alimentan la desconfianza, la autocensura y la fragmentación del tejido social.
El informe subraya además el impacto de nuevas leyes de supervisión sobre organizaciones no gubernamentales, que obstaculizan el trabajo de la sociedad civil. Periodistas, defensores de derechos humanos, dirigentes opositores y trabajadores humanitarios enfrentan amenazas, hostigamientos y el riesgo permanente de detención arbitraria, lo que ha provocado la salida del país de numerosos profesionales.
En materia de privación de la libertad, Türk reiteró su preocupación por la situación de los presos políticos. Cientos de personas continúan detenidas por razones políticas y casos recientes, como la captura del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), envían un mensaje intimidatorio al movimiento sindical. A esto se suman las precarias condiciones de detención, caracterizadas por la falta de alimentos, medicamentos y la restricción de visitas familiares, con graves consecuencias físicas y psicológicas para los reclusos.
La Oficina del Alto Comisionado documentó al menos cinco muertes relacionadas con detenciones posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, entre ellas la del opositor Alfredo Díaz. Asimismo, se reportaron traslados a lugares desconocidos y detenciones incomunicadas en centros como El Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, prácticas que podrían constituir desapariciones forzadas.
Aunque Türk reconoció la liberación de al menos 51 personas desde junio, insistió en la necesidad de liberar de manera incondicional a todos los detenidos arbitrariamente, incluyendo a figuras como Rocío San Miguel y Javier Tarazona. También rechazó los intentos de despojar de la nacionalidad a opositores y pidió investigar asesinatos de líderes indígenas que permanecen impunes.
En su análisis, el alto comisionado expresó preocupación por el impacto humanitario de la presión militar estadounidense en la región y reiteró su llamado a levantar sanciones sectoriales que afectan a la población más vulnerable.
El mensaje final de Türk fue claro: Venezuela necesita justicia y derechos humanos para superar la polarización y reconstruir su tejido social y económico. Sin embargo, ese camino enfrenta un obstáculo adicional: la ausencia de personal internacional de la ONU en el país, luego de que el gobierno de Nicolás Maduro expulsara a sus representantes en febrero de 2024, una decisión que limita la verificación independiente de la situación y profundiza la desconfianza internacional.
