La lección es clara: la estabilidad macroeconómica requiere decisiones consistentes y reformas estructurales. La rebaja de calificación de Colombia por Fitch de
La lección es clara: la estabilidad macroeconómica requiere decisiones consistentes y reformas estructurales.
La rebaja de calificación de Colombia por Fitch de BB+ a BB evidencia la presión creciente de los déficits fiscales sobre la sostenibilidad económica. No se trata solo de números, sino de la capacidad del Estado para equilibrar gasto e ingresos.
El informe señala que la ausencia de un ancla fiscal creíble y la rigidez del gasto dificultan la consolidación, más allá de quién gobierne tras las elecciones de 2026. Esto refleja un problema estructural que trasciende decisiones coyunturales de corto plazo.
A pesar del respaldo del historial macroeconómico y la independencia del Banco de la República, los elevados déficits, la deuda creciente y la dependencia de ingresos de materias primas muestran que la estabilidad económica es frágil y vulnerable a shocks externos o políticos.
Fitch proyecta un déficit del gobierno central de 6,5% del PIB en 2025, ligeramente menor al de 2024, pero impulsado por recompras de deuda que reducen intereses. Esto evidencia que la mejora contable no sustituye un ajuste real del gasto ni un fortalecimiento de ingresos.
El crecimiento del gasto primario previsto en 13% sugiere que el país continúa priorizando compromisos de corto plazo sobre la sostenibilidad fiscal, elevando el déficit primario al 2,9% del PIB, por encima de estándares comparables de países con calificación BB.
El deterioro se proyecta mayor en 2026, con déficit estimado en 7,5% del PIB, superando metas oficiales. La normalización de pagos de intereses y la limitada capacidad de ajuste del gasto evidencian la necesidad de reformas estructurales profundas y consensos políticos sólidos.
Además, riesgos como ingresos fiscales inferiores, crecimiento menor al esperado o apreciación de costos de deuda en moneda extranjera podrían agravar el panorama, subrayando la importancia de políticas previsibles y responsables, más allá de ciclos electorales o medidas de corto plazo.
Aunque se espera un crecimiento moderado de 2,9% en 2026, la inversión sigue por debajo de sus niveles históricos, limitando el potencial de desarrollo a largo plazo. La falta de un impulso sostenido en inversión privada y pública compromete la competitividad futura.