Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia sostiene que la presencia del Estado en los territorios no puede ser solo militar. Miroslav Jenca, nuevo
Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia sostiene que la presencia del Estado en los territorios no puede ser solo militar.
Miroslav Jenca, nuevo jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, está en un momento decisivo, donde el país cumple nueve años de la firma del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc y el Consejo de Seguridad decidió no continuar la verificación sobre las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Desde ese contexto, analiza los avances, preocupaciones y desafíos actuales del proceso de paz.
Para Jenca, el Acuerdo de 2016 es un hito histórico para Colombia y un ejemplo global, pues permitió terminar un conflicto armado de más de medio siglo mediante el diálogo, logrando que la guerrilla más grande de Latinoamérica transitara hacia la política en la legalidad. Resalta que miles de vidas han cambiado gracias a la reincorporación y que las comunidades rurales han visto beneficios en participación democrática. Instrumentos como el Estatuto de Oposición y las curules de paz han ampliado la representación de sectores afectados por la guerra.
Sin embargo, reconoce que la implementación ha enfrentado fallas importantes. El principal desafío es la inseguridad, ya que la ausencia de seguridad plena afecta la reincorporación, limita la reforma rural y frena que las comunidades reciban los beneficios esperados del acuerdo.
Subraya que la presencia del Estado no puede ser solo militar, pues se requiere institucionalidad integral con justicia, educación, salud y desarrollo social.
Causas del incumplimiento
Sobre las causas del incumplimiento, Jenca afirma que la implementación nunca ha sido una verdadera política de Estado. Cada gobierno ha interpretado y priorizado el Acuerdo de manera distinta.
Además, cuando las Farc dejaron las armas, el Estado no se ocupó de forma eficaz los territorios donde la guerrilla tenía control, lo que abrió espacio para otros grupos ilegales que hoy se disputan las economías ilícitas y el control territorial.
El representante de la ONU reitera que deben aplicarse las garantías de seguridad contempladas en el Acuerdo, y que la transformación que propone exige articulación entre niveles de gobierno y recursos suficientes.
Frente al clima político, insiste en que cualquier gobierno, sin importar su orientación, debe asumir el Acuerdo como una política de Estado y mantener una implementación continua y coherente. Al estar incorporado al bloque de constitucionalidad, se trata de una hoja de ruta para el país.
Sobre las inquietudes actuales de la ONU, señala que, aunque la organización reconoce avances significativos hacia un país más pacífico, persisten preocupaciones por los retrasos en la implementación integral, así como por la persistencia de violencia en varios territorios. La seguridad y la necesidad de que cese la violencia siguen siendo temas centrales.
En sus recorridos por regiones como Antioquia, Arauca, Caquetá, Norte de Santander y Valle del Cauca, Jenca ha constatado que la presencia de grupos armados y de economías ilegales sigue afectando la vida de las comunidades. Estas piden “seguridad humana”, que no solo es protección física, sino oportunidades de desarrollo y vida digna.
En cuanto a los diálogos de la política de la ‘Paz Total’ impulsada por el actual gobierno, Jenca considera que muchos de los grupos con los que se dialoga generan la misma inseguridad que dificulta la implementación del Acuerdo de 2016.
Por ello, cualquier avance en estos diálogos contribuiría a facilitar la presencia del Estado en los territorios. Sin embargo, recalca que los procesos deben tener condiciones claras y beneficios tangibles para las comunidades, y deben ir acompañados de una política de seguridad efectiva que proteja a la población.
Respecto al panorama actual de violencia y al contexto preelectoral, expresa la preocupación de la Misión. El Secretario General ha pedido a los grupos armados demostrar con acciones concretas su respeto por la vida y por la población civil, asumiendo una voluntad real de paz.
Señala la urgencia de acelerar las disposiciones de seguridad del Acuerdo, especialmente aquellas destinadas a crear condiciones para elecciones libres y seguras, como la puesta en marcha del SISEP.
Sobre el debate más extenso que tuvo el Consejo de Seguridad al renovar el mandato de la Misión, y la decisión de retirar la verificación de las sanciones de la JEP, Jenca afirma que la renovación por un año es positiva. La misión mantiene tres mandatos esenciales: la reforma rural integral, la reincorporación y las garantías de seguridad.
Reconoce, no obstante, que ya no existe la unanimidad que se veía en años anteriores. Sobre la justicia transicional, insiste en que, con o sin verificación, es indispensable garantizar el cumplimiento de las sanciones propias de la JEP, un aspecto que las víctimas consideran fundamental.