Sostiene que el 75% del presupuesto se va en gasto de funcionamiento y que la inversión es mínima y se queda dentro de la propia burocracia estatal. La senadora
Sostiene que el 75% del presupuesto se va en gasto de funcionamiento y que la inversión es mínima y se queda dentro de la propia burocracia estatal.
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia habló con Acento sobre el caso Calarcá, la crisis de seguridad, el rumbo fiscal del país, la reforma pensional, la unidad de la oposición y su visión económica y social para Colombia.
Considera que el caso Calarcá tiene una gravedad institucional profunda, en su opinión, pone en duda la legitimidad de la elección presidencial e insinúa la existencia de un “nuevo pacto de La Picota”, esta vez con organizaciones narcoterroristas activas en el territorio. Asegura que las decisiones adoptadas durante la llamada Paz Total, como levantar órdenes de captura, permitir el libre movimiento de cabecillas y emitir una resolución que prohibía capturarlos incluso en flagrancia, generaron un aumento de cultivos ilícitos y una expansión sin precedentes de grupos criminales, presentes hoy en 907 municipios.
Para Valencia, estos hechos demuestran una infiltración de estructuras ilegales en altos mandos del Ejército y de la inteligencia, lo que también explicaría, según dice, por qué Estados Unidos incluyó al presidente Petro en la Lista Clinton.
A su juicio, hay información más grave que aún no conocen los colombianos. Cuestiona a la Fiscalía por haber mantenido archivados durante más de un año los computadores incautados a la estructura de Calarcá, descubiertos originalmente por la prensa.
También critica que un general Huertas retirado por irregularidades hubiera sido incorporado a la campaña de Petro, regresado a la vida militar y convertido —según Valencia— en un enlace con estructuras criminales. Frente a las declaraciones de Petro de que el caso sería un entramado internacional, incluso comparándolo con operaciones de la CIA, Valencia insiste en que es absurdo atribuir a una agencia extranjera hechos que, afirma, comprometen a funcionarios nombrados por el propio gobierno.
La senadora advierte que la infiltración de las Fuerzas Armadas ha alcanzado un nivel tan serio que las agencias de inteligencia, que en el pasado ejecutaron operaciones como la de Raúl Reyes, el Mono Jojoy o la Operación Jaque, no hubieran detectado un atentado como el que sufrió Miguel Uribe.
Relata que semanas antes recibió información desde el Caquetá sobre un plan para asesinarla, supuestamente financiado por la Segunda Marquetalia con recursos provenientes de Venezuela. Según dice, esa información coincidió con detalles que luego corroboraría el Ministerio del Interior, que incluyó también a Catherine Juvinao y al contralor Carlos Hernán Rodríguez como posibles blancos.
Para Valencia, la insistencia del presidente Petro en una supuesta “Junta Internacional del Narcotráfico” no hace más que volver a poner el foco en grupos ilegales colombianos ligados, afirma, al régimen de Nicolás Maduro. Por eso considera inevitable preguntarse si estos hechos se relacionan con la inclusión de Petro en la Lista Clinton.
En materia económica, Valencia asegura que el país enfrenta un riesgo fiscal serio. Afirma que Petro dejará una deuda mayor que la de Iván Duque sin haber tenido que enfrentar una pandemia, y cuestiona que no haya resultados en infraestructura, inversión social o vivienda rural.
Sostiene que el 75% del presupuesto se va en gasto de funcionamiento y que la inversión es mínima y se queda dentro de la propia burocracia estatal. Propone reducir el tamaño del Estado, fusionar ministerios de 19 a 12 y lograr un ahorro de 37 billones de pesos.
Plantea, además, convertir a Colombia en una potencia energética aprovechando petróleo, carbón, gas, energías renovables y nuevas tecnologías como los microreactores nucleares, para sacar a millones de la pobreza.
Sobre la reforma pensional, insiste en que no se opone al subsidio para los adultos mayores, sino al hecho de que el gobierno quiera financiarlo con los ahorros pensionales de los trabajadores. Argumenta que, debido al envejecimiento demográfico, esto implicaría cargar a los jóvenes con aportes insostenibles y convertir la bomba pensional actual en una “bomba atómica” que podría llegar a 190% del PIB. Advierte además que liberar recursos del presupuesto al trasladar subsidios al ahorro pensional abriría espacio para “plata de campaña”. Por eso respalda la demanda contra la reforma.
Frente a la fragmentación de la oposición, Valencia insiste en que la unidad debe ser la prioridad. Afirma que la alianza que se está construyendo debe incluir a Sergio Fajardo y que el candidato único debe ser elegido mediante una consulta popular en marzo, no por encuestas, porque estas solo miden impresiones momentáneas.
En cuanto al Centro Democrático, confirma que su candidato o candidata se elegirá mediante una encuesta interna antes del 15 de diciembre y se declara convencida de que el próximo presidente será el aspirante de su partido, “y será una mujer”.
Finalmente, sobre informalidad y juventud, señala que estos son los dos mayores desafíos del país. Propone la “escalera de la formalidad” para acompañar a pequeños negocios, reducir trámites y permitir cotizaciones flexibles incluso semanales. También plantea fomentar la asociatividad para impulsar el crecimiento de negocios pequeños.
Para los jóvenes, propone educación de calidad, conectividad y un bono escolar que permita a las familias elegir colegios privados financiados por el Estado. En su visión, solo así Colombia podrá aprovechar la revolución tecnológica y generar oportunidades reales para todos.
