La corrupción en la UNGRD, el ingreso a la Lista Clinton y otros escándalos que golpean al gobierno Gustavo Petro. El gobierno de Gustavo Petro llega a la mitad
La corrupción en la UNGRD, el ingreso a la Lista Clinton y otros escándalos que golpean al gobierno Gustavo Petro.
El gobierno de Gustavo Petro llega a la mitad de su mandato enfrentando el mayor desgaste político desde su posesión. Tres frentes simultáneos —el escándalo de corrupción en la UNGRD, la inédita inclusión del presidente y parte de su círculo en la llamada Lista Clinton, y las denuncias sobre presuntas infiltraciones de las disidencias de alias Calarcá en organismos de seguridad— configuraron una tormenta que golpea su credibilidad, su capacidad de gobierno y su margen de maniobra internacional.
Aunque cada caso tiene dinámicas independientes, en conjunto dejan la sensación de un gobierno que lidia con fallos de control interno, fracturas institucionales y crecientes tensiones con Estados Unidos, su socio más influyente.
El escándalo de la UNGRD, destapado en febrero de 2024, se convirtió en el caso de corrupción más voluminoso de esta administración y en uno de los más graves en años recientes. Lo que empezó como una denuncia sobre carrotanques en La Guajira derivó en la revelación de un presunto esquema para desviar recursos públicos con el fin de comprar apoyo en el Congreso y asegurar la aprobación de las reformas de Petro.
Las investigaciones detallan una cronología de encuentros, entregas de dinero en efectivo y órdenes de contratación de emergencia que comprometen a exdirectores de la entidad, a ministros clave y a los entonces presidentes del Senado e incluso de la Cámara de Representantes. Las imputaciones a figuras como Carlos Ramón González y la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle marcaron un punto de quiebre, dejando de ser un problema administrativo para convertirse en una amenaza real a la gobernabilidad.
Con montos que superan los 92.000 millones de pesos en contratos irregulares y otras cifras mucho mayores en presuntos compromisos políticos, el caso desató cuestionamientos sobre el uso discrecional de los recursos de emergencia, la relación del Ejecutivo con el Legislativo y la capacidad del gobierno para controlar su propio equipo. La investigación avanza hacia nuevas ramas, como un posible esquema similar en Invías, lo que anticipa un capítulo aún más amplio.
Luego la Lista Clinton
En un contexto de alta sensibilidad internacional frente al lavado de activos, la inclusión del presidente Petro —y de miembros de su familia y de su gabinete— en la Lista Clinton encendió alarmas que trascienden el campo político. Para Washington, la tendencia global es clara, pues ya no basta con perseguir a organizaciones criminales; también se sanciona a instituciones que, por omisión o falta de controles, facilitan operaciones de riesgo.
Colombia llega a este escenario debilitada por cultivos ilícitos en expansión, alertas sobre lavado basado en comercio y una descertificación parcial en la lucha contra las drogas. En este marco, la designación no solo afecta la reputación del gobierno; también expone al tejido empresarial a sanciones, bloqueos de rutas, pérdida de corresponsalías bancarias y restricciones en el uso de dólares.
El precedente reciente de bancos mexicanos sancionados bajo la Ley Patriota demuestra que incluso instituciones de tamaño mediano pueden quedar desconectadas del sistema financiero global. Para un país cuya economía depende de las exportaciones —equivalentes al 16% del PIB— la vulnerabilidad es crítica. Y el momento no podría ser más delicado, porque Estados Unidos endurece su postura frente al régimen de Nicolás Maduro y observa con lupa cualquier operación que involucre energía, transporte o comercio binacional.
Esta designación, más allá de su impacto político, sitúa al gobierno Petro ante un desafío diplomático y económico cuya resolución exige reconstruir confianza con los reguladores estadounidenses, fortalecer controles internos y disipar dudas sobre el origen y manejo de recursos bajo la órbita estatal.
Una tercera crisis que golpea al gobierno estalló con la investigación periodística sobre presuntas infiltraciones de las disidencias de alias Calarcá en organismos de inteligencia y en el Ejército. La denuncia, basada en archivos incautados por las autoridades, involucra a un general activo Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército y a Wilmar Mejía, funcionario del DNI, y su gravedad es tal que motivó reacciones inmediatas de la Fiscalía.
La respuesta de Petro —atribuir la información a la CIA y acusar a la agencia de intentar desprestigiar su gobierno— abrió un nuevo flanco diplomático. El presidente aseguró que las filtraciones corresponden a “informes falsos” provenientes de Estados Unidos, señaló supuestos intereses políticos detrás de las versiones y afirmó que Washington estaría actuando contra su administración. No aportó pruebas que sostuvieran esas acusaciones.
Más allá de la disputa narrativa, el hecho central permanece: la seguridad nacional estaría comprometida si se confirmara que estructuras criminales lograron penetrar a organismos de inteligencia. La investigación apenas comienza, pero el caso añade tensión a una relación bilateral que ya enfrentaba fricciones por narcotráfico, extradición, descertificación y ahora listas de sanciones.
Las tres crisis generan efectos acumulativos: desgastan la gobernabilidad, aumentan la presión internacional y alimentan un ambiente de incertidumbre institucional. La narrativa del “cambio” que llevó a Petro al poder enfrenta hoy su mayor reto, porque debe demostrar que es capaz de contener la corrupción interna, mantener la seguridad y navegar un escenario internacional áspero sin deteriorar aún más la confianza económica.
