A una semana de las elecciones del 8 de marzo, el debate sobre la transparencia electoral en Colombia se ha intensificado. El más reciente episodio enfrentó al
La Registraduría abrió el acceso al código fuente ante representantes de partidos, auditores, observadores nacionales e internacionales y organismos de control.
A una semana de las elecciones del 8 de marzo, el debate sobre la transparencia electoral en Colombia se ha intensificado. El más reciente episodio enfrentó al presidente Gustavo Petro con la Registraduría Nacional del Estado Civil, en torno a un elemento técnico que se volvió político: el código fuente del software de preconteo y escrutinio.
En un intento por despejar dudas, la Registraduría abrió el acceso al código fuente ante representantes de partidos, auditores, observadores nacionales e internacionales y organismos de control. El objetivo, según la entidad, es permitir una revisión técnica independiente de los sistemas que soportarán el procesamiento de los votos para Senado, Cámara y circunscripciones especiales.
El código fuente, el cual es definido como el conjunto de instrucciones que determinan cómo se capturan, procesan, almacenan y transmiten los datos electorales, es en palabras de expertos, la “receta” del sistema. Allí se establece, paso a paso, cómo se contabilizan los votos y cómo se consolidan los resultados.
Sin embargo, lejos de zanjar la controversia, la apertura del código ha coincidido con una ofensiva discursiva del presidente Petro, quien ha utilizado su cuenta en X y otros espacios institucionales para cuestionar la confiabilidad del sistema electoral. En poco más de 72 horas, el mandatario publicó al menos 20 mensajes en los que advierte posibles riesgos, desde inconsistencias en formularios hasta eventuales fallas en el software.
El núcleo de sus críticas apunta a que la revisión del código fuente debería ser más amplia y profunda. Petro insiste en que no basta con la exhibición controlada del software en salas dispuestas por la Registraduría, sino que debe permitirse su entrega completa a auditores independientes y veedores ciudadanos, con capacidad de examinarlo sin restricciones.
“Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos, para que lo examinen a fondo. Se llama auditoría tecnológica. Y se trata no del software final como dijeron equivocadamente, que solo hace la suma de departamentos, sino del software que cuenta de la mesa al puesto y los puestos municipales”, reclamó el presidente.
Desde la Registraduría, en contraste, se defiende el procedimiento adoptado. El gerente de informática, Hoslander Sáenz Barrera, ha señalado que el acceso al código cumple con estándares de seguridad que garantizan su integridad. Los auditores pueden revisarlo, navegar su estructura y evaluar su funcionamiento, pero no modificarlo ni alterarlo, precisamente para evitar riesgos de manipulación.
Este punto es clave en el debate. Mientras el Gobierno enfatiza la necesidad de una auditoría más abierta, la autoridad electoral subraya que cualquier intervención directa sobre el código podría comprometer la seguridad del sistema. En ese equilibrio entre transparencia y protección tecnológica se juega buena parte de la confianza institucional.
La discusión, además, revela una tensión más profunda: la relación entre legitimidad política y garantías técnicas. Aunque el código fuente es un asunto altamente especializado, su exposición pública lo ha convertido en un símbolo de confianza o desconfianza en el proceso electoral.
Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) han insistido en la importancia de auditar estos sistemas. Revisar el código permite verificar que el software haga exactamente lo que promete: contar los votos correctamente, sin agregar ni omitir información. Pero también advierten que estos procesos deben hacerse bajo protocolos estrictos que aseguren tanto la transparencia como la estabilidad del sistema.
La directora de la MOE, Alejandra Barrios, sostuvo que “es importante hacerle pruebas, poderle hacer auditoría, conocer cómo está compuesto, cuál es la programación que tiene y que efectivamente ese programa haga lo que dice que va hacer, que no haga más ni que haga menos. Y para saber eso tienes que ver la receta: el código fuente”.
En este contexto, la decisión de la Registraduría de habilitar espacios de revisión entre el 27 de febrero y el 1 de marzo busca responder a las exigencias de control político y técnico. No obstante, la narrativa de desconfianza impulsada desde el Ejecutivo podría tener efectos más allá de lo técnico, impactando la percepción ciudadana sobre la legitimidad de los resultados.
Así, el pulso entre Petro y la Registraduría no solo gira en torno a líneas de código, sino a la credibilidad del sistema democrático en un momento clave. La pregunta de fondo no es únicamente quién tiene la razón sobre el acceso al software, sino si las garantías ofrecidas serán suficientes para sostener la confianza en las urnas.