La Defensoría levantó alertas en tres macrorregiones: Caribe, Noroccidente y Suroccidente.
La Defensoría levantó alertas en tres macrorregiones: Caribe, Noroccidente y Suroccidente.
En una semana son las elecciones parlamentarias, y el panorama en varias regiones del país está marcado por una advertencia contundente: la democracia enfrenta presiones reales de grupos armados ilegales y la respuesta institucional no ha sido suficiente para neutralizarlas. Así lo concluyó la Defensoría del Pueblo al evaluar el cumplimiento de la Alerta Temprana emitida en octubre pasado sobre riesgos electorales.
Según el organismo, el escenario de riesgo no solo persiste sino que se ha consolidado en algunos territorios mediante “gobernanzas armadas ilegales”, en las que estructuras criminales suplantan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas. El resultado, advierte la entidad, no sería necesariamente la suspensión de las votaciones, sino la configuración de una democracia formal, pero condicionada por el miedo y el silencio de las comunidades.
Entre los actores señalados figuran el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencias de las extintas Farc, como el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC) y la Segunda Marquetalia. También se mencionan el grupo Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el llamado Frente 57 y otras estructuras de criminalidad organizada.
La Defensoría había formulado 11 recomendaciones al Gobierno para mitigar los riesgos. Sin embargo, el índice de respuesta estatal apenas alcanza un 42% de cumplimiento, mientras que el 58% de las recomendaciones permanece sin atención adecuada. Aunque en materia de acciones de la fuerza pública se registra un cumplimiento del 65%, y en investigación y acceso a la justicia un 55%, la articulación interinstitucional apenas llega al 29%. El rezago más grave es el fortalecimiento y respaldo a las organizaciones políticas, con 0% de cumplimiento.
Para la defensora del Pueblo, Iris Marín, la preocupación central no es si habrá elecciones, sino bajo qué condiciones se desarrollarán. “El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones”, advirtió, al señalar que en ciertos territorios la población civil actúa bajo reglas impuestas por actores armados.
Las alertas se concentran en tres macrorregiones: Caribe (Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar y San Andrés), Noroccidente (Antioquia, Córdoba y Chocó) y Suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño). En estas zonas se han documentado amenazas, restricciones a la movilidad, imposición de normas de conducta y control social que inciden directamente en el comportamiento electoral.
En departamentos como Córdoba y Antioquia, por ejemplo, el llamado Clan del Golfo —denominación con la que se conoce al EGC— ejercería un control de baja visibilidad pero alta capacidad de regulación social y política. En otras regiones, candidatos han denunciado vetos explícitos para ingresar a determinados territorios. Incluso se han visto vallas en las que grupos armados prohíben la entrada de aspirantes específicos, especialmente de sectores considerados opositores.
El mapa de riesgo también ha empeorado en términos cuantitativos. Los municipios que requerían acción inmediata pasaron de 62 a 69; los de acción urgente aumentaron de 162 a 168; y los que demandan acción prioritaria crecieron de 425 a 433. Aunque los municipios en observación permanente disminuyeron de 216 a 195, el universo total de territorios bajo algún nivel de riesgo sigue siendo amplio.
En el contexto preelectoral, la Defensoría reporta 457 amenazas de muerte contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y actores políticos, con mayor gravedad en departamentos como Santander, Guainía, Nariño, Sucre, Antioquia y Magdalena. En el caso de los candidatos, el organismo advierte un “riesgo estructural” que incluye homicidios selectivos, estigmatización y restricciones para hacer campaña.
Particular preocupación generan las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Aspirantes a estas curules han debido solicitar “permisos” para movilizarse y han enfrentado regulaciones impuestas por actores armados en zonas rurales. A ello se suma la falta de entrega oportuna de anticipos financieros por parte del Consejo Nacional Electoral, lo que, según la Defensoría, amenaza con desdibujar la representación real de las víctimas.
El informe también alerta sobre violencia de género ejercida por grupos armados, que ha reducido la autonomía política de mujeres líderes, especialmente en subregiones como el Catatumbo. Firmantes del acuerdo de paz, periodistas y servidores públicos figuran igualmente entre los sectores afectados por presiones.
Ante este panorama, la Defensoría formuló nueve nuevas recomendaciones y reforzó las anteriores. Solicitó al Ministerio del Interior asumir un liderazgo efectivo en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), al Ministerio de Defensa diseñar una estrategia integral de seguridad que garantice el traslado del material electoral y la custodia de puestos de votación, y a la Fiscalía fortalecer la judicialización de posibles casos de constreñimiento electoral.
