La Contraloría presenta estudio en el cual se evidencia que la brecha digital reproduce, casi con exactitud, la geografía de la desigualdad histórica. La adver
La Contraloría presenta estudio en el cual se evidencia que la brecha digital reproduce, casi con exactitud, la geografía de la desigualdad histórica.
La advertencia no es menor. En su más reciente estudio, Contraloría General de la República volvió a poner sobre la mesa una paradoja que atraviesa la política pública de conectividad: mientras el país amplió infraestructura y reportó avances sociales, la brecha digital sigue siendo estructural y la ejecución de los programas muestra un deterioro sostenido.
El informe ‘Índice de Brecha Digital de la CGR: fundamentos conceptuales, metodología y evidencias de convergencia territorial (2019–2024)’ ofrece una radiografía de la Política de Conectividad Digital implementada entre 2018 y 2024. Su principal conclusión es inquietante: la ejecución presupuestal, que en 2019 y 2020 superó el 90%, cayó progresivamente desde 2021 hasta ubicarse en 61,4% en 2024, un nivel que el organismo calificó como “crítico”.
Para la entidad, refleja problemas de gestión financiera e implementación que afectan directamente los proyectos diseñados para reducir desigualdades tecnológicas, especialmente en zonas rurales y municipios de menores categorías. Cerca del 48% de las iniciativas evaluadas fueron clasificadas en estado “muy crítico”, mientras apenas el 38% alcanzó niveles “adecuados”.
Los mayores rezagos se concentran en programas de conectividad rural, acceso público, como el wifi gratuito en parques, e inclusión digital. Es decir, justamente en aquellos frentes que deberían cerrar la brecha en los territorios históricamente excluidos. La conclusión es clara, y es que ampliar redes no ha sido suficiente para garantizar inclusión real.
El Índice de Brecha Digital registró en 2024 un nivel nacional de 70,73. Aunque desde 2022 se observan leves mejoras tanto en zonas urbanas como rurales, la distancia entre ambas sigue rondando los 20 puntos porcentuales. En ciudades, la brecha pasó de 69,1% a 66,24%; en el campo, de 88,60% a 86,03%. La convergencia es lenta y no alcanza para compensar la desigualdad acumulada.
Territorialmente, la fotografía es aún más diciente. Las mayores exclusiones se concentran en Amazonía, Orinoquía, Pacífico y Caribe. Departamentos como Vichada y Vaupés superan el 85% de exclusión digital, mientras Bogotá (58,8%) y San Andrés y Providencia (65,8%) presentan los niveles más bajos del país. La brecha digital reproduce, casi con exactitud, la geografía de la desigualdad histórica.
El estudio advierte que los hogares rurales, los municipios de categorías 5 y 6 y los territorios con menor capacidad institucional siguen enfrentando barreras estructurales: infraestructura insuficiente, baja asequibilidad del servicio y rezago en habilidades digitales. En ese contexto, la exclusión tecnológica no es un fenómeno aislado, sino una extensión de las brechas sociales.
Uno de los hallazgos más relevantes es la desconexión entre mejoras sociales y avance digital. En 2024, la pobreza multidimensional cayó al 11,5%, su nivel más bajo en cinco años. Sin embargo, la exclusión digital se mantuvo elevada. El mensaje es contundente: mayores ingresos no garantizan, por sí solos, integración efectiva al entorno tecnológico.
Para la Contraloría, el desafío ya no se limita a expandir la conectividad física. El verdadero cuello de botella está en el desarrollo de competencias digitales y en el uso significativo de las TIC en educación, productividad y participación ciudadana. Sin apropiación social, la infraestructura corre el riesgo de convertirse en un indicador más, sin impacto transformador.
El estudio también reconoce que los departamentos con mayores niveles de exclusión han logrado reducciones relativamente más rápidas entre 2019 y 2024 y que la dispersión territorial ha disminuido. Sin embargo, esos avances no son suficientes para cerrar las brechas absolutas ni para garantizar igualdad de oportunidades.
En términos de política pública, la advertencia es doble. Por un lado, urge recuperar la eficiencia en la ejecución presupuestal y fortalecer los mecanismos de seguimiento. Por otro, se requiere un enfoque multidimensional que articule infraestructura, asequibilidad, formación y uso productivo de la tecnología.
El Índice de Brecha Digital se presenta así como una herramienta clave para focalizar esfuerzos y priorizar territorios. Pero su utilidad dependerá de que las mediciones se traduzcan en decisiones concretas y sostenidas.
La pregunta de fondo es si Colombia está transitando de una política de expansión de redes a una verdadera estrategia de inclusión digital. Por ahora, los datos muestran que el país avanza, pero a un ritmo insuficiente frente a la magnitud de la desigualdad territorial. La conectividad existe; el reto es convertirla en oportunidades reales para todos.