La anunciada reunión entre los presidentes de Colombia y Venezuela vuelve a poner en el centro de la agenda la relación bilateral en un momento de alta sensibil
El acuerdo para concretar un encuentro binacional, abre interrogantes sobre el alcance real de la cita y los temas que necesitan conversar.
La anunciada reunión entre los presidentes de Colombia y Venezuela vuelve a poner en el centro de la agenda la relación bilateral en un momento de alta sensibilidad política y geopolítica. La confirmación de una llamada telefónica entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez, y el acuerdo para concretar “próximamente” un encuentro binacional, abre interrogantes sobre el alcance real de la cita y los temas que necesitan conversar con urgencia.
Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar de Estados Unidos, anunció a través de Telegram que la reunión buscará “seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad”. Desde Bogotá, la Presidencia confirmó la llamada, que duró unos 15 minutos, y señaló que se habló de energía, agua, agricultura, producción y seguridad en la frontera común.
El primer eje crítico es el energético. Una semana antes del anuncio venezolano, Petro afirmó que Colombia comenzaría a importar gas desde el vecino país a un precio reducido. La decisión se conoció poco después de que el parlamento venezolano aprobara una reforma a la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado. En ese contexto, el eventual acuerdo gasífero no solo tiene implicaciones comerciales, sino también políticas: significaría un respaldo práctico a la nueva etapa económica que Caracas intenta proyectar tras el abrupto cambio de poder.
Para Colombia, el tema energético es estratégico. El debate interno sobre la transición energética, la disminución de contratos de exploración y la autosuficiencia en gas ha generado preocupación en sectores empresariales. Importar gas venezolano podría aliviar presiones de corto plazo, pero también expone al Gobierno a críticas por depender de un socio cuyo escenario institucional es inestable.
El segundo frente es la seguridad fronteriza. Colombia y Venezuela comparten 2.200 kilómetros de frontera, una de las más extensas y porosas de la región. En esa zona operan estructuras armadas que disputan economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilícita y el contrabando. La llamada entre Petro y Rodríguez incluyó la preocupación mutua por la situación en la frontera y la posibilidad de activar instancias como el Comité Binacional de Defensa.
La cooperación en seguridad es, quizás, el punto donde ambos gobiernos más necesitan resultados concretos. Las poblaciones fronterizas padecen desplazamientos, extorsiones y disputas armadas que no reconocen límites nacionales. Sin coordinación efectiva, cualquier agenda económica pierde sostenibilidad en el territorio.
Sin embargo, el encuentro no se da en un vacío político. Petro había sido uno de los aliados regionales más visibles de Maduro y, tras su captura, inicialmente condenó lo que calificó como un “secuestro”. Posteriormente, moderó su tono luego de conversar con el presidente estadounidense Donald Trump. Esa transición discursiva revela la complejidad diplomática que enfrenta Colombia: mantener la normalización con Caracas sin romper puentes con Washington.
La eventual reunión sería la primera de alto nivel desde el cambio de mando en Venezuela y también una prueba de la estrategia exterior de Petro, que ha apostado por el diálogo como mecanismo de estabilización regional. No obstante, la Cancillería colombiana ha sido cauta: semanas atrás aclaró que no estaba confirmada una visita de Rodríguez, lo que evidencia la sensibilidad del anuncio público hecho primero por Caracas.
Además del gas y la seguridad, hay otros asuntos estructurales que exigen definición: el comercio binacional —que se reactivó tras años de ruptura—, la migración venezolana en Colombia y los mecanismos de pago en medio de sanciones internacionales que aún pesan sobre sectores venezolanos. Cada uno implica decisiones técnicas, pero también posicionamientos políticos.
El encuentro, si se concreta, tendrá un fuerte componente simbólico. Representará la continuidad de la reapertura de relaciones impulsada por Petro desde 2022, pero ahora bajo un escenario completamente distinto en Venezuela. La pregunta no es solo si se reunirán, sino qué tan lejos pueden llegar los acuerdos en medio de tensiones internas y presiones externas.
La última vez que Petro, el primer presidente de izquierdas de Colombia, visitó a Venezuela fue en abril de 2024.
En últimas, más que un gesto protocolario, la cita deberá traducirse en compromisos verificables entre ambos países. Energía y seguridad son urgencias compartidas; la estabilidad política y la confianza mutua, en cambio, siguen siendo variables en construcción.