Con miras a las elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo de 2026, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) inic
José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión europea, explicó cómo desarrollarán su trabajo en los comicios.
Con miras a las elecciones legislativas del 8 de marzo y presidenciales del 31 de mayo de 2026, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) inició su despliegue en todo el país. Más de 120 observadores acompañarán el proceso, en una segunda experiencia tras su participación en los comicios de 2022.
La misión llega en un contexto complejo, pues existen alertas de violencia en más de 300 municipios, amenazas contra líderes sociales y una creciente polarización política. Sin embargo, también arriba con aprendizajes acumulados y con un objetivo claro: evaluar el desarrollo del proceso bajo criterios de objetividad, neutralidad y estándares internacionales.
José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la misión europea, explicó que ya fueron desplegados 40 observadores de largo plazo, quienes permanecerán en todos los departamentos hasta el cierre del proceso electoral. Su labor consiste en reunirse con actores políticos, autoridades electorales y organizaciones sociales para identificar eventuales limitaciones en la campaña, problemas de seguridad o barreras administrativas.
Para las jornadas electorales, el contingente será reforzado hasta superar los 120 observadores. Las conclusiones preliminares se presentarán dos días después de cada elección, mientras que el informe final, con una serie de recomendaciones, se publicará dos meses más tarde, tal como ocurrió en 2022.
En su informe final sobre las elecciones pasadas, la misión incluyó recomendaciones de carácter legislativo y operativo. Las primeras, relacionadas con reformas estructurales al sistema electoral, que no han sido implementadas por falta de consensos políticos. Las segundas, en cambio, sí muestran avances.
Uno de los aspectos que más atención genera es el sistema de preconteo y la transmisión de resultados. En 2022 se registraron controversias por inconsistencias en formularios E-14 y retrasos en la divulgación de datos. En esta ocasión, la misión observó el primer simulacro nacional del preconteo, en el que se ensayaron mecanismos para evitar errores anteriores y garantizar mayor transparencia.
Aunque se trató de un ejercicio técnico, De Gabriel destacó la preocupación de la autoridad electoral por reproducir la carga nacional completa —con emisión de formularios desde todos los puestos de votación— y por fortalecer la publicación inmediata de resultados. No obstante, la evaluación definitiva dependerá del funcionamiento real del sistema el día de la elección.
Más allá de lo técnico, el principal desafío sigue siendo la seguridad. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ha reiterado que no hay espacio para la violencia en democracia. Si bien no elabora mapas de riesgo propios, mantiene coordinación con organizaciones nacionales como la Misión de Observación Electoral (MOE), que ha advertido sobre múltiples municipios con algún nivel de alerta.
La presencia de violencia o restricciones a la movilidad podría afectar la participación política en ciertas regiones, un elemento que será monitoreado de cerca. Según la misión, cuentan con respaldo institucional para sus desplazamientos, aunque reconocen la complejidad territorial del país.
El papel de estas misiones no es intervenir ni calificar políticamente a candidatos o resultados, sino evaluar si el proceso cumple estándares de transparencia, equidad y libertad. En ese sentido, su presencia tiene un doble impacto: técnico, al generar recomendaciones concretas; y simbólico, al ofrecer una mirada internacional que puede fortalecer la confianza ciudadana.
En un escenario donde el debate electoral ya anticipa tensiones, incluyendo cuestionamientos sobre garantías, financiamiento y polarización, la observación internacional adquiere relevancia adicional. Colombia no es un caso aislado en la región, pero sí uno donde la violencia política y el conflicto armado han dejado huellas profundas en los procesos electorales.
El reto para 2026 será consolidar avances operativos y evitar que los problemas del pasado se repitan. También será clave que las recomendaciones no queden nuevamente archivadas por falta de voluntad política. La misión europea entregará su diagnóstico; la responsabilidad de aplicar correctivos recaerá en las instituciones y el Congreso.
Con el arribo del jefe de la misión, el vicepresidente del Parlamento Europeo Esteban González Pons, y el despliegue territorial en marcha, la observación internacional entra en fase activa. En un país donde la confianza electoral ha sido tema recurrente, el escrutinio externo será, una vez más, un termómetro de la calidad democrática en un año decisivo.