La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la supresión de siete entes públicos, entre misiones y fundaciones creadas durante los gobiernos d
La decisión fue formalizada en la Gaceta Oficial presenta una reorganización del Ministerio del Despacho de la Presidencia.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó la supresión de siete entes públicos, entre misiones y fundaciones creadas durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
La decisión, formalizada en la Gaceta Oficial extraordinaria del 9 de febrero mediante el decreto 5.248, se presenta como parte de una reorganización del Ministerio del Despacho de la Presidencia, pero en la práctica abre un debate político sobre el alcance real de los cambios en el aparato estatal venezolano.
Entre las instancias eliminadas figura el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 con la función de solicitar, organizar y evaluar información relacionada con “la actividad enemiga interna y externa”. También se suprimen la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez, la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, la Fundación Propatria 2000, la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales y la Misión Ribas.
Cuatro de estos entes fueron creados durante la administración de Nicolás Maduro, mientras que otros datan del mandato del fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez. La mayoría estaban adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia, cuya titularidad Rodríguez modificó recientemente al designar al capitán Juan Escalona, exmiembro del equipo de seguridad de Maduro.
El decreto establece que el proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de 90 días y estará a cargo de una junta liquidadora. Asimismo, contempla la transferencia de funciones a otras carteras del Ejecutivo. Por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores asumirá la ejecución de los objetivos de la Misión Nueva Frontera de Paz, orientados a la protección de comunidades fronterizas frente a fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando.
“El proceso de supresión y liquidación tendrá una duración de noventa días y quedará a cargo de una junta liquidadora”, indica el decreto, que también traspasa otros entes adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia a diferentes carteras de Estado.
En términos oficiales, la medida responde a la necesidad de adaptar la estructura organizativa del Ejecutivo a nuevas directrices de orden social y garantizar una gestión más eficiente. Sin embargo, el trasfondo político es inevitable.
Las misiones y fundaciones creadas durante el chavismo no solo cumplieron funciones sociales, sino que también se convirtieron en instrumentos de movilización y articulación política.
La eliminación del Cesppa resulta especialmente significativa. Durante años fue considerado una pieza clave en la estructura de seguridad e inteligencia del Estado, con amplias competencias para centralizar información estratégica. Su supresión podría interpretarse como un intento de reducir estructuras paralelas y concentrar funciones en organismos tradicionales, aunque también plantea interrogantes sobre el rediseño del sistema de seguridad.
Desde la oposición, el partido Primero Justicia calificó la decisión como un “desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo” y exigió transparencia en el proceso de liquidación. La organización advirtió que no basta con un decreto para hablar de reconciliación o cooperación institucional, sino que es necesario informar con detalle el destino de los recursos, el personal y los programas asociados a los entes suprimidos.
Más allá del pulso político inmediato, la medida se inscribe en una serie de movimientos impulsados por Rodríguez desde que asumió la Presidencia encargada tras la captura de Maduro en Estados Unidos. Cambios de gabinete, reformas legales y ahora la eliminación de estructuras emblemáticas del modelo chavista configuran un escenario de transición incierto.
El interrogante central es si esta reestructuración representa un ajuste administrativo o un giro más profundo en la lógica del Estado venezolano. Para algunos analistas, se trata de un intento por racionalizar el gasto y simplificar la arquitectura institucional en un contexto de crisis económica. Para otros, es una señal de reacomodo interno del poder que no necesariamente implica un cambio de modelo.
En cualquier caso, la supresión de siete entes públicos marca un hito en la evolución del aparato estatal construido durante más de dos décadas. El proceso de liquidación, sus efectos sobre programas sociales y la redistribución de funciones serán claves para evaluar si se trata de una transformación estructural o de una reorganización coyuntural en medio de una compleja transición política.