En el arranque de la carrera hacia 2026, el termómetro del debate público ya ofrece señales claras: la mayoría de las precandidaturas presidenciales ha asumido
El primer informe de seguimiento al “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia” fue presentado por la Defensoría y la MOE.
En el arranque de la carrera hacia 2026, el termómetro del debate público ya ofrece señales claras: la mayoría de las precandidaturas presidenciales ha asumido compromisos formales con la democracia, pero todavía persisten vacíos sensibles en dos frentes clave, la difusión de información veraz y el uso de un lenguaje no estigmatizante.
Ese es el principal mensaje que deja el primer informe de seguimiento al “Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia”, presentado por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral. La iniciativa, lanzada el 10 de junio con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal y el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Misión de Verificación de la ONU, busca blindar la contienda electoral frente a la violencia política y fortalecer la calidad del debate.
El reporte, que analizó el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2025, evaluó 27 precandidaturas, de las cuales hoy 18 de ellas aún están activas. Entre quienes suscribieron el compromiso, el nivel de avance alcanzó 81,7%. En las que no lo firmaron, se midió la alineación con sus principios, que llegó a 56,4%. El promedio general, 70,9%, se ubica en un rango medio.
Más allá de la cifra global, el detalle revela contrastes significativos. Los mayores niveles de cumplimiento se concentran en la defensa de la democracia y el diálogo (100%), así como en la primacía de la vida (89,3%), el reconocimiento a la juventud (88,3%) y el respeto a las instituciones (84,2%). Es decir, existe un consenso amplio en torno a los pilares formales del sistema democrático.
Sin embargo, los puntajes más bajos se registran en tres puntos que tocan el corazón del debate público: promover un lenguaje constructivo y eliminar la estigmatización (48,2%), respaldar y respetar la protesta pacífica (43,8%) y, especialmente, garantizar la difusión de información veraz (35%), el indicador más crítico.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, subrayó que el énfasis del informe no está en la violencia armada, sino en la calidad del discurso político. La premisa es histórica: en Colombia, el deterioro del lenguaje público ha sido antesala de violencias más graves. No se trata de equiparar palabras con armas, sino de advertir que la normalización de la agresión verbal, la desinformación o la estigmatización pueden erosionar el terreno democrático.
El análisis se organizó en cuatro bloques. El primero, “Proteger la vida y promover la no violencia en la política”, obtuvo un avance de 82,1%, lo que muestra una tendencia positiva hacia la adopción de protocolos y estrategias pedagógicas contra la violencia política. No obstante, el informe insiste en que el desafío está en proteger de manera efectiva a mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y grupos étnicos, tradicionalmente más expuestos a agresiones en contextos electorales.
El segundo bloque, “Institucionalidad democrática”, alcanzó el mayor nivel de avance (92,6%). Aquí se evidencia un respaldo amplio a la Constitución, la ley y las autoridades electorales. El reto, advierte el documento, es preservar la confianza pública y evitar que la competencia política mine la legitimidad de las reglas de juego.
El contraste más preocupante aparece en el bloque “Debate plural y democrático”, con apenas 45,2% de avance. Aunque se reconocen esfuerzos por adoptar prácticas comunicativas responsables, persisten riesgos asociados a la polarización, la circulación de información no verificada y el uso de discursos estigmatizantes. El pluralismo, en vez de consolidarse como riqueza democrática, aún enfrenta resistencias en la práctica cotidiana de la campaña.
El cuarto bloque, “Buen futuro para la política”, obtuvo 77%. Aquí se plantea la necesidad de decisiones orientadas a la justicia social, la sostenibilidad y la inclusión de juventudes históricamente excluidas. Pese a los avances simbólicos, el informe señala brechas en el respaldo efectivo a la protesta pacífica y en la garantía de una participación real e incidente.
Las recomendaciones son claras. A las campañas se les insta a adoptar protocolos de prevención de la violencia, evitar la difusión de mensajes agresivos y reforzar la verificación de la información, especialmente en entornos digitales. A las instituciones, se les pide fortalecer la seguridad, la confianza en la organización electoral y las capacidades de diálogo y mediación.