En lugar de promesas abstractas, los candidatos intentaron conectar sus propuestas con cifras expuestas por los gremios, aceptando que el debate económico ya no
Candidatos respondieron a empresarios y sectores sociales sobre orden público, salud, industria y emprendimiento en debate regional.
Cuando la campaña abandona los eslóganes y enfrenta cifras, la retórica se somete a prueba. En el Gran Debate Presidencial de las Regiones, organizado por Acento Colombia y Canal 1, los aspirantes respondieron directamente a gremios y organizaciones sociales.
El tono fue menos ideológico y más operativo. Seguridad, competitividad, salud e informalidad dominaron una agenda construida desde las regiones y no desde los comandos de campaña.
En lugar de promesas abstractas, los candidatos intentaron conectar sus propuestas con cifras expuestas por los gremios, aceptando que el debate económico ya no gira solo alrededor del crecimiento, sino de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de funcionamiento.
Ante las denuncias del transporte de carga sobre extorsiones e incendios de vehículos, Aníbal Gaviria afirmó que la seguridad debe ser prioridad transversal, con control de carreteras y respaldo institucional a la fuerza pública, como base para restablecer confianza inversionista.
El sector, representado por Colfecar, recordó que en tres años se registraron 2.380 bloqueos, fenómeno que elevó costos logísticos y afectó derechos básicos como el trabajo y la movilidad, presionando a las empresas a operar bajo permanente incertidumbre jurídica creciente.
Gaviria sostuvo que los cierres ilegales deben terminar y que el Estado no puede permitir que grupos armados condicionen la circulación de bienes, pues esa fragilidad institucional termina trasladándose a precios, empleo y decisiones de inversión regional de largo plazo.
Venezuela, calzado y salud
Mauricio Cárdenas respondió al gremio del calzado con una combinación de apertura comercial y defensa activa de la producción local. Propuso instrumentos de crédito respaldados por el Gobierno para estimular exportaciones y aliviar la presión financiera empresarial en sectores manufactureros.
Planteó que la relación con Venezuela podría reactivarse mediante esquemas de financiamiento estatal que otorguen plazos de pago, siempre bajo garantías claras, buscando dinamizar la industria sin desconocer riesgos fiscales ni comprometer la sostenibilidad presupuestal en el mediano plazo inmediato.
En materia sanitaria, Juan Manuel Galán centró su diagnóstico en la opacidad financiera de las EPS intervenidas y reclamó vigilancia técnica independiente, alejada de intereses políticos, para garantizar que los recursos públicos se destinen efectivamente a los pacientes más vulnerables.
Advirtió que la ausencia de balances públicos durante años erosiona la credibilidad del sistema y dificulta cualquier reforma estructural, porque impide conocer con precisión el tamaño del déficit, las obligaciones pendientes y el verdadero estado patrimonial de las entidades intervenidas.
Minería y emprendimiento
En el frente mineroenergético, representantes del carbón coque defendieron su papel en la cadena del acero y en las regalías regionales, advirtiendo que una transición acelerada sin planeación podría profundizar el desempleo y reducir ingresos fiscales estratégicos para departamentos productores.
Los aspirantes coincidieron en que la explotación debe realizarse con estándares ambientales exigentes y mejor infraestructura vial, buscando evitar el contrabando hacia Venezuela y aprovechar el potencial exportador legal como palanca de desarrollo fronterizo sostenible y estabilidad macroeconómica regional duradera.
En emprendimiento, Paloma Valencia describió una economía marcada por alta informalidad y defendió la creación de una banca de oportunidades que combine cooperativas y tecnologías financieras, con créditos subsidiados y capacitación empresarial sistemática para escalar negocios y formalizar empleo productivo.
Argumentó que la productividad de pequeños negocios depende tanto del acceso a financiamiento como de asistencia técnica continua, y que las cámaras de comercio deberían concentrarse en formalizar actividades que hoy operan al margen del sistema tributario nacional vigente colombiano.
Aunque las propuestas variaron en intensidad, la mayoría compartió la idea de que el deterioro institucional explica buena parte de la desaceleración económica, y que sin reglas previsibles y autoridad efectiva cualquier plan sectorial carecerá de impacto sostenido real duradero.
Niñez, territorio y transición
Desde el Caribe, las organizaciones de niñez expusieron cifras sobre reclutamiento forzado y desplazamiento, subrayando que la violencia sigue afectando a menores incluso en escenarios de negociación, lo que exige políticas de protección articuladas entre seguridad y desarrollo social integral.
David Luna consideró que el reclutamiento debe tipificarse y perseguirse como secuestro, con judicialización efectiva de responsables y recuperación territorial sostenida, argumentando que sin control estatal permanente cualquier acuerdo de paz resulta insuficiente frente a economías ilegales en expansión regional.
El énfasis común fue que la seguridad no puede desligarse de inversión social, infraestructura y oportunidades productivas, especialmente en zonas como el Catatumbo, donde la ausencia histórica del Estado ha facilitado la consolidación de economías ilícitas y redes criminales locales.
El debate evidenció que los gremios están marcando la agenda con preguntas específicas y medibles, obligando a los candidatos a aterrizar sus discursos y a reconocer límites fiscales, jurídicos y administrativos que condicionarán el próximo periodo presidencial de gobierno nacional.
Más allá de los aplausos finales, quedó planteada una tensión central: cómo convertir diagnósticos compartidos en políticas ejecutables dentro de un Congreso fragmentado y bajo presión social creciente, donde cada decisión tendrá costos políticos y económicos inmediatos significativos para gobernabilidad.