En medio de una de las temporadas invernales más fuertes que han azotado al país, el debate presidencial dejó de ser un intercambio abstracto de promesas para
En el debate presidencial, los candidatos coincidieron en que la crisis en Córdoba
exige más prevención y descentralización.
En medio de una de las temporadas invernales más fuertes que han azotado al país, el debate presidencial dejó de ser un intercambio abstracto de promesas para aterrizar en una realidad concreta: más de 100.000 damnificados y al menos 18 fallecidos en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, golpeados por inundaciones asociadas a un inusitado frente frío.
El escenario fue el Gran Debate Presidencial de las Regiones, realizado en Barranquilla, donde los aspirantes coincidieron en que el país debe cambiar su manera de enfrentar los desastres naturales y su relación con los territorios.
Más allá de la solidaridad, la discusión giró en torno a la prevención. Entre los independientes, Clara López, Mauricio Lizcano y Daniel Palacios coincidieron en que Colombia no puede limitarse a reaccionar con ayudas humanitarias.
Palacios recordó que durante el gobierno de Iván Duque se dejó estructurado el Conpes con obras de contención y diques que no han tenido continuidad. López amplió el enfoque hacia la reubicación de familias en zonas de alto riesgo y una reforma agraria que reorganice el uso del suelo, advirtiendo que los ríos tienden a recuperar sus cauces. Lizcano subrayó que el problema no es solo climático, sino de ordenamiento territorial y crecimiento urbano descontrolado.
Entre los aspirantes de la Gran Consulta, el énfasis se trasladó a la descentralización. David Luna habló de “desbogotanizar” el país, planteando que las regiones deberían contar con recursos y maquinarias propias para responder con mayor rapidez. Juan Manuel Galán propuso que el agua y el cambio climático sean ejes estructurales del ordenamiento territorial. Paloma Valencia pidió dejar de invertir en estudios sin ejecución y concentrarse en obras concretas como embalses y sistemas de protección costera.
Sin embargo, fueron los candidatos con vínculos políticos directos con Córdoba y la región Caribe quienes pusieron matices particulares. Aníbal Gaviria, con experiencia como gobernador, diferenció entre la respuesta inmediata —coordinación estrecha entre Presidencia, gobernaciones y alcaldías— y la estrategia estructural de reubicación y planificación territorial. Su planteamiento resonó especialmente en Córdoba, donde la coordinación interinstitucional ha sido objeto de críticas recientes.
Mauricio Cárdenas introdujo el concepto de “centralismo extorsivo”, señalando que muchas regiones dependen de su cercanía política con la Casa de Nariño para acceder a recursos. Propuso fortalecer el acto legislativo que aumenta transferencias a los territorios y aprobar una ley de competencias que garantice autonomía real de ejecución. En un departamento como Córdoba, históricamente afectado por rezagos en infraestructura, esa promesa apunta a un cambio en la arquitectura fiscal.
Vicky Dávila fue enfática en que la prevención pasa por combatir la corrupción en los recursos destinados a gestión del riesgo. A su juicio, si los fondos se ejecutan con transparencia, las tragedias pueden mitigarse. Juan Daniel Oviedo recordó que desde 2012 existe la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, creada para anticipar y monitorear eventos, pero cuestionó que su potencial se haya diluido entre ineficiencias.
Relación con los territorios
La relación entre el Gobierno nacional y los mandatarios regionales ocupó un segmento clave del debate, especialmente a partir de las tensiones recientes en Córdoba frente a la respuesta del Ejecutivo. Allí surgió un consenso transversal: la necesidad de una interlocución directa y permanente.
Dávila aseguró que convocaría a alcaldes y gobernadores en su primera semana de gobierno para construir una hoja de ruta conjunta. Cárdenas prometió puertas abiertas y vigencias futuras que den continuidad a proyectos estratégicos. Enrique Peñalosa habló de trabajo en equipo sin importar filiaciones políticas, mientras Gaviria fue más allá al afirmar que con él se acabaría el “chantaje político” en la asignación de recursos.
Luna insistió en una descentralización “contundente”, y Valencia aseguró que sería una “presidente de tenis”, presente en las regiones sin intermediarios. Galán propuso alinear el plan nacional de desarrollo con los planes territoriales para evitar choques y garantizar continuidad en proyectos locales. Oviedo planteó que el Gobierno debe convertirse en aliado del desarrollo regional, apoyándose en datos y gestión técnica.
El debate dejó claro que la emergencia invernal no solo evidenció vulnerabilidades climáticas, sino también fracturas en el modelo de gobernanza territorial. Córdoba se convirtió en símbolo de esa discusión: un departamento que reclama infraestructura, coordinación y autonomía real.
En año electoral, la prevención de desastres y la relación con los gobiernos regionales dejaron de ser temas secundarios. La promesa compartida es pasar de la reacción a la planificación. La incógnita es si, más allá de la retórica, el próximo gobierno logrará transformar la histórica tensión entre centro y regiones en una alianza efectiva para anticipar riesgos y proteger a las comunidades.