La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 se convirtió en un catalizador político en plena carrera presidencial. La decisión
En el Gran Debate Presidencial de las Regiones expusieron sus posturas frente a la suspensión del decreto, marcando diferencias sobre su sostenibilidad y el respeto institucional.
La suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para 2026 se convirtió en un catalizador político en plena carrera presidencial. La decisión del Consejo de Estado, que ordenó al Gobierno expedir en un plazo de ocho días un nuevo acto administrativo ajustado a los parámetros legales, no solo abrió un debate jurídico, sino que profundizó las diferencias económicas e ideológicas entre los aspirantes a la Casa de Nariño.
El aumento del 23 %, que elevó el salario mínimo de $1.423.500 a $1.750.905 —y a $2 millones con auxilio de transporte—, había sido presentado por el Ejecutivo como una medida para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, la suspensión del decreto 1469 de 2025 introdujo un factor de incertidumbre en millones de hogares y en el sector productivo, obligando a reabrir la discusión sobre la sostenibilidad del ajuste y el respeto a las formas legales.
El tema ocupó un lugar central en el Gran Debate Presidencial de las Regiones, realizado en Barranquilla, organizado por Acento Colombia, Canal 1 y La Opinión, con el respaldo editorial de Q’Hubo Cúcuta, y donde precandidatos de la Gran Consulta por Colombia fijaron postura. Aunque la mayoría coincidió en que el incremento no debería reversarse, las diferencias surgieron en torno a sus efectos y a la responsabilidad política del Gobierno.
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas defendió la permanencia del aumento y planteó la necesidad de un acuerdo político que lo haga sostenible. A su juicio, el país debe garantizar estabilidad a los 2,1 millones de trabajadores que devengan el mínimo, pero al mismo tiempo reducir la carga tributaria sobre los empresarios para evitar efectos adversos en el empleo formal.
En una línea similar, la senadora Paloma Valencia sostuvo que el alza es positiva para los trabajadores, siempre que se acompañe de medidas que protejan a las empresas. El exalcalde Enrique Peñalosa respaldó el incremento, aunque insistió en que los salarios solo crecerán de forma sostenida si se promueve mayor inversión y productividad.
Otros candidatos pusieron el acento en la institucionalidad. Juan Manuel Galán advirtió que desconocer decisiones judiciales incrementa la polarización y la desconfianza, mientras que Juan Daniel Oviedo subrayó que el debate debe ampliarse, pues apenas uno de cada diez colombianos recibe el salario mínimo. Su propuesta apunta a extender ese beneficio a tres de cada diez trabajadores, lo que implica repensar el mercado laboral en su conjunto.
David Luna, por su parte, relacionó el respeto a los jueces con la defensa de la democracia y la separación de poderes.
En contraste, algunas intervenciones se enfocaron en cuestionar la estrategia gubernamental. Aníbal Gaviria calificó el incremento como una decisión con tintes demagógicos que colocó al alto tribunal en una situación compleja. Vicky Dávila defendió el aumento para los trabajadores, pero atribuyó la suspensión a errores técnicos del Ejecutivo y pidió corregir rápidamente el procedimiento para evitar mayor incertidumbre.
Los independientes
Desde el grupo de independientes, Clara López cuestionó la medida cautelar y advirtió que el salario actual sigue lejos de cubrir la canasta familiar, estimada en cerca de tres millones de pesos. Mauricio Lizcano consideró que el incremento constituye un hecho cumplido que no debería desmejorarse, aunque coincidió en la necesidad de aliviar la presión fiscal sobre el sector productivo. Daniel Palacios sostuvo que el Gobierno sabía que el decreto tendría dificultades jurídicas y que el aumento, sin respaldo técnico suficiente, podía resultar insostenible.
Más allá de las posiciones individuales, el episodio revela tres tensiones estructurales. La primera es institucional: la suspensión reafirma el papel del Consejo de Estado como órgano de control y obliga al Ejecutivo a ceñirse estrictamente a la ley en decisiones de alto impacto social. La segunda es económica: el reto consiste en equilibrar un aumento significativo del salario con la viabilidad de micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de gran parte del empleo formal. Y la tercera es política: el salario mínimo se convierte en símbolo de la disputa entre redistribución inmediata y crecimiento sostenido.
En plena campaña, el debate trasciende la cifra concreta del aumento y se inserta en una discusión más amplia sobre el modelo económico. Mientras unos privilegian la urgencia social y el alivio inmediato a los trabajadores, otros enfatizan la necesidad de reglas claras y estabilidad para no comprometer el empleo. El Gobierno, entretanto, enfrenta el desafío de expedir un nuevo decreto que supere los reparos jurídicos y reduzca la incertidumbre.