La suspensión provisional del decreto del salario mínimo abrió un debate jurídico legítimo. Pero también activó un libreto político previsible: el del gobernant
La suspensión provisional del decreto del salario mínimo abrió un debate jurídico legítimo. Pero también activó un libreto político previsible: el del gobernante que “entrega derechos” y el de las instituciones que “se los quitan al pueblo”.
Ese encuadre no es casual. Es una estrategia electoral.
El aumento del salario mínimo, presentado como un acto de justicia social, se convierte en símbolo. Si el juez lo suspende por razones técnicas y legales, el relato se transforma: el Ejecutivo aparece como defensor del trabajador; las otras ramas del poder, como las Cortes, como obstáculo. El héroe reparte. El Estado —o una parte de él— oprime.
Primer punto: el salario mínimo no es un gesto, es una política pública reglada. La Constitución y la ley establecen criterios objetivos: inflación, productividad, crecimiento, contribución de los salarios al ingreso nacional. Cuando la motivación no articula técnicamente esos factores, el acto administrativo queda expuesto. No es una cuestión ideológica. Es una exigencia de legalidad.
Segundo punto: judicialización no equivale a persecución. El control de legalidad no es un sabotaje político. Es el mecanismo que equilibra el poder. Cuando el juez suspende provisionalmente un decreto, no está “quitando derechos”; está verificando que el procedimiento haya sido respetado. La institucionalidad funciona precisamente cuando nadie está por encima de la ley.
Tercer punto: la línea discursiva polariza porque simplifica. El aumento del salario mínimo debe proteger el poder adquisitivo. En eso coinciden la mayoría de los empresarios, gremios, líderes y varios de los candidatos que participaron en el Debate de las Regiones organizado por Acento, Canal 1 y La Opinión el 13 de febrero en Barranquilla. Pero también coincidieron en algo esencial: el ingreso debe garantizarse bajo fundamentos técnicos que beneficien tanto al trabajador como al empleador.
Sin sostenibilidad empresarial no hay empleo formal. Sin empleo formal no hay salario mínimo efectivo.
El riesgo de convertir este episodio en una bandera electoral es mayor que la discusión porcentual. Si el mensaje que se instala es que las instituciones son enemigas del pueblo cuando ejercen control, se erosiona la confianza en el sistema completo. Y cuando la confianza se debilita, el terreno queda listo para reformas apresuradas o concentraciones de poder.
En política, el héroe necesita antagonistas. En democracia, las instituciones necesitan respeto.
El debate serio no es si el salario debe subir. Es cómo subirlo de manera que resista el escrutinio jurídico y preserve el equilibrio económico. Defender el ingreso de los trabajadores no exige debilitar a las Cortes. Exige decisiones sólidas, técnicamente sustentadas y legalmente blindadas.
El país no necesita historias heroicas. Necesita estabilidad institucional y reglas claras.
La justicia no es opresión. Es límite. Y en una democracia madura, los límites no son enemigos: son garantías.