Gobierno expide nuevo decreto y mantiene el salario mínimo en $1.750.905
El presidente Gustavo Petro salió a defender públicamente el incremento del salario mínimo y confirmó que el Gobierno mantiene el alza del 23 % para 2026, ahora respaldada en el nuevo Decreto 0159 del 19 de febrero.
La decisión se da luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el decreto anterior y ordenara expedir un nuevo acto debidamente motivado. El Gobierno no redujo la cifra. Por el contrario, reiteró que el salario mínimo seguirá en $1.750.905, con el mismo incremento del 23 %
“No echamos para atrás”
El presidente afirmó que el Ejecutivo no retrocede en la decisión y que presentó apelación ante el Consejo de Estado frente a la suspensión provisional. En su mensaje político fue enfático: el aumento responde —según su tesis— a una deuda histórica con los trabajadores y a la necesidad de cerrar brechas sociales.
La narrativa del Gobierno combina dos elementos:
Defensa jurídica: sostiene que el nuevo decreto cumple los requisitos técnicos exigidos por el alto tribunal.
Defensa política: plantea el aumento como un acto de justicia social frente a la desigualdad.
¿Qué hizo el nuevo decreto?
El Decreto 0159 reproduce el mismo valor del salario mínimo y lo sustenta con una motivación técnica más extensa. Allí se explicita:
Inflación esperada (5,3 %).
Productividad total de factores (0,91 %).
Contribución de salarios al ingreso nacional.
Crecimiento estimado del PIB.
Cierre parcial de brecha frente al “salario vital”
El acto fija transitoriamente el salario mínimo en $1.750.905 mientras se decide de fondo la demanda de nulidad.
El trasfondo institucional
La tensión no es solo económica. Es institucional.
El Consejo de Estado cuestionó la motivación del decreto original. El Ejecutivo responde con un acto reforzado y, al mismo tiempo, apela la decisión judicial.
El debate ahora tiene tres frentes:
Jurídico: si la motivación cumple los estándares exigidos.
Económico: si el incremento es sostenible en términos de empleo y productividad.
Político: si el salario mínimo se convierte en eje de confrontación entre poderes.
Lo que viene
El decreto seguirá vigente hasta que el Consejo de Estado emita sentencia definitiva.
Mientras tanto, el Gobierno convierte la defensa del salario mínimo en bandera política. La discusión deja de ser solo técnica y entra en el terreno simbólico: justicia social versus sostenibilidad económica.
Y allí se librará la próxima batalla.