El debate laboral en América Latina ya no gira solo en torno a derechos o costos. Hoy enfrenta una pregunta más incómoda. ¿Qué ocurre cuando una reforma respond
Argentina apuesta por flexibilizar para crear empleo privado. Colombia encarece contratación formal. Dos reformas, realidades distintas, riesgos estructurales divergentes y costos sociales.
El debate laboral en América Latina ya no gira solo en torno a derechos o costos. Hoy enfrenta una pregunta más incómoda. ¿Qué ocurre cuando una reforma responde más a una urgencia fiscal o a una convicción ideológica que a la estructura real del mercado laboral?
Argentina y Colombia ofrecen un contraste elocuente. Ambos gobiernos impulsaron reformas recientes, pero parten de problemas distintos y, sobre todo, de diagnósticos opuestos. El resultado son estrategias que podrían producir efectos también divergentes en empleo formal e informalidad.
En Argentina, el punto de partida era un mercado laboral distorsionado por el peso del empleo público. Durante años, el Estado absorbió trabajadores ante la incapacidad del sector privado de generar puestos formales sostenidos en el tiempo.
“El problema de Argentina era que el sector privado no venía generando empleo casi desde hace diez años. El gobierno terminó empleando gente para sostener baja la tasa de desempleo”, explica Adrián Garlati, doctor en Economía y especialista en mercados laborales.
Ese modelo tuvo consecuencias fiscales evidentes. El gasto se expandió sin respaldo productivo equivalente y el déficit acumulado se convirtió en uno de los principales argumentos del presidente Javier Milei para aplicar su programa de ajuste.
La llamada “motosierra” del presidente Javier Milei implicó despidos masivos en el sector público. Sin embargo, la promesa de que el sector privado absorbería rápidamente esa mano de obra no se ha materializado en la magnitud esperada.
“Se despidió mucha gente y parte terminó en la informalidad porque el sector privado no reaccionó contratándolos formalmente. El ajuste redujo presión fiscal, pero trasladó tensión hacia el mercado laboral”, advierte Garlati a Acento.
Argentina: flexibilizar para reactivar al privado
Tras las elecciones legislativas de mitad de mandato, el Gobierno argentino avanzó con una reforma laboral orientada a incentivar la contratación privada. El enfoque combina reducción de costos, límites a indemnizaciones y estímulos tributarios.
Uno de los cambios más relevantes es la modificación del régimen de indemnizaciones, históricamente ambiguo y fuente de litigiosidad. Empresas enfrentaban juicios costosos por despidos, en un entorno donde no existía un mecanismo equivalente a las cesantías colombianas.
“Había una industria de la demanda laboral. Muchas empresas quebraban por la magnitud de las indemnizaciones. La reforma introduce límites y mayor previsibilidad, buscando reducir el riesgo jurídico asociado a contratar formalmente”, señala Garlati.
También contempla incentivos para nuevos empleos, como alivios en contribuciones patronales. El objetivo es abaratar la formalización. Sin embargo, surge la duda sobre su sostenibilidad fiscal y el riesgo de contrataciones temporales vinculadas únicamente al beneficio tributario.
En paralelo, la reforma limita parcialmente el alcance de huelgas en sectores considerados esenciales y reduce la extensión automática de acuerdos sindicales vencidos. En un país altamente sindicalizado, el choque era previsible.
“Argentina es un país con sindicatos históricamente fuertes. Modernizar la normativa laboral implica necesariamente recortar parte de ese poder. El Gobierno ha moderado algunos puntos para lograr aprobación legislativa”, afirma Garlati.
La apuesta argentina mezcla diagnóstico estructural e ideología. “Hay una realidad: no se genera empleo privado. Pero también hay una convicción de que el mercado debe liderar”, resume el economista.
Colombia: más rigidez ante alta informalidad
Colombia enfrenta un escenario distinto. El empleo público representa una fracción reducida del total (entre 3% y 4%), muy lejos del tercio que llegó a registrar Argentina en su pico reciente.
Los problemas estructurales colombianos son otros: alta informalidad y desempleo persistente. Sin embargo, la reforma laboral aprobada elevó costos de contratación y reforzó la prioridad del contrato a término indefinido.
Se encarecieron recargos nocturnos y dominicales, se ampliaron obligaciones con practicantes y se modificaron jornadas laborales. Para sectores intensivos en mano de obra, el impacto en costos no es menor.
“La crítica general es que no atiende los dos grandes problemas estructurales: desempleo e informalidad. Al hacer más rígida y costosa la contratación formal, el riesgo es empeorarlos”, sostiene el académico.
Paradójicamente, la experiencia colombiana de 2012 mostró que reducir impuestos a la nómina —los llamados parafiscales— tuvo efectos comprobados en disminución de informalidad. El costo laboral es un factor decisivo en la formalización.
“Reducir impuestos a la nómina fue probablemente la reforma más importante para bajar informalidad. Ese tipo de medidas sí ataca el problema de fondo”, explica Garlati.
Además del debate sobre cargas, el economista plantea revisar el sistema de salario mínimo, considerado relativamente alto en comparación internacional, y simplificar la burocracia para formalizar empresas.
Urgencia productiva vs componente ideológico
En contraste con Argentina, donde la reforma responde tanto a una urgencia productiva como a una visión promercado, en Colombia el componente ideológico parece más dominante.
La consecuencia es una paradoja regional. Mientras Argentina flexibiliza para intentar reconstruir empleo privado tras años de estatización, Colombia endurece reglas en un mercado donde la formalidad ya es escasa.
Ninguna reforma garantiza resultados inmediatos. Argentina enfrenta el desafío de que la flexibilización genere empleo real y no solo alivio fiscal. Colombia, el riesgo de que mayores costos profundicen la brecha entre formalidad e informalidad.
Lo que está en juego no es solo una discusión técnica. Es la capacidad de cada país para reconocer su problema estructural y diseñar soluciones coherentes. Cuando el diagnóstico falla, la reforma –por ambiciosa que sea– puede terminar agravando aquello que pretendía resolver.