El anuncio de un posible traslado de 6,6 millones de afiliados entre entidades promotoras de salud (EPS) volvió a encender las alarmas en un sistema que ya oper
El traslado masivo implicaría reconfigurar redes de prestación, contratos con clínicas y hospitales, sistemas de autorización y procesos de referencia.
El anuncio de un posible traslado de 6,6 millones de afiliados entre entidades promotoras de salud (EPS) volvió a encender las alarmas en un sistema que ya opera bajo alta tensión. La Mesa Nacional de Asociaciones de Usuarios en Salud advirtió que la medida, contemplada en un proyecto de decreto del Gobierno, podría agravar la crisis humanitaria que viven pacientes, usuarios y trabajadores del sector.
La alerta surge en medio de la discusión de un borrador normativo del Ministerio de Salud y Protección Social que propone introducir mecanismos diferenciales de habilitación de EPS con enfoque territorial y poblacional. Según la Mesa, el rediseño implicaría un reordenamiento masivo del aseguramiento y afectaría la estructura del modelo vigente.
El punto más sensible es el eventual traslado de 6.606.371 afiliados. De acuerdo con la organización, más de 3,1 millones pasarían a la Nueva EPS, mientras que otros 289.262 serían asignados a Savia Salud y 533.429 a EPS S.O.S., entre otros movimientos. La crítica central no es solo el volumen, sino el carácter presuntamente automático de la asignación, que —según los usuarios— vulneraría el derecho a la libre escogencia.
El debate, sin embargo, va más allá de la libertad de elección. Varias de las EPS que recibirían la mayor carga de afiliados están actualmente bajo intervención estatal. La propia Contraloría General de la República ha señalado dificultades persistentes en la oportunidad y calidad de la atención en algunas de estas entidades. Para la Mesa, trasladar millones de personas a aseguradoras que no han demostrado mejoras sustanciales podría profundizar los cuellos de botella existentes.
Desde una perspectiva estructural, el traslado masivo implicaría reconfigurar redes de prestación, contratos con clínicas y hospitales, sistemas de autorización y procesos de referencia. En un sistema donde ya se registran retrasos en citas, cirugías y entrega de medicamentos, cualquier transición mal planificada podría traducirse en interrupciones de tratamientos, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas o raras.
Uno de los temores expuestos es el llamado fenómeno “chu, chu, chu”: aseguradoras con capacidad administrativa y financiera limitada asumiendo una alta carga de enfermedad. El resultado sería un efecto dominó sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), que enfrentarían mayores retrasos en pagos, y sobre los usuarios, que podrían verse obligados a asumir gastos de su bolsillo ante fallas en la cobertura efectiva.
En el trasfondo está la discusión sobre el modelo de aseguramiento. El proyecto del Gobierno del presidente Gustavo Petro apunta a fortalecer criterios territoriales y poblacionales para ordenar el sistema. La lógica oficial es que el aseguramiento no puede depender exclusivamente de dinámicas de mercado, sino que debe responder a necesidades regionales y a una planificación más centralizada.
El Ministerio ha sido enfático en que el decreto “no dispone traslados indiscriminados ni automáticos” y que cualquier asignación se haría con base en criterios técnicos, de manera gradual y con salvaguardas para proteger la continuidad del aseguramiento. Según la entidad, el propósito es garantizar el derecho fundamental a la salud y reforzar la sostenibilidad financiera del sistema.
El contraste entre ambas versiones refleja la profundidad de la desconfianza que atraviesa el sector. Para los usuarios organizados, el riesgo es que las reformas administrativas avancen sin que estén resueltos los problemas estructurales de liquidez, cartera hospitalaria y supervisión efectiva. Para el Gobierno, la reorganización territorial sería precisamente el camino para superar esas fallas.
En términos de derechos, la discusión toca un punto neurálgico: la salud como derecho fundamental, respaldado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Mesa insiste en que cualquier decisión debe cumplir las órdenes del alto tribunal y priorizar la continuidad de tratamientos y la protección de poblaciones vulnerables.
El desafío es doble. Por un lado, el sistema necesita transformaciones profundas para enfrentar su crisis financiera y operativa. Por otro, los cambios masivos en el aseguramiento pueden generar choques de corto plazo con consecuencias humanas graves si no se implementan con planeación, transparencia y vigilancia estricta.
En un escenario donde millones de personas dependen de terapias continuas, medicamentos de alto costo y atención especializada, el margen de error es mínimo. El debate no es únicamente técnico ni ideológico: es una discusión sobre tiempos, capacidades y garantías. Si la transición se convierte en un factor adicional de inestabilidad, la crisis podría escalar. Si, en cambio, logra corregir fallas históricas sin sacrificar continuidad, podría marcar un punto de inflexión.
Por ahora, la advertencia de los usuarios pone el foco en la dimensión humana del ajuste. En un sistema tensionado, cada traslado no es solo una cifra: es una historia clínica que no puede quedar en pausa.