En el debate de Acento y Canal 1, los candidatos coinciden en defender el alza del salario mínimo, pero divergen en el cómo
En el debate presidencial organizado por Acento y Canal 1, uno de los pocos consensos visibles fue la defensa del aumento del salario mínimo. Ninguno de los candidatos propuso reversarlo. Sin embargo, detrás de ese acuerdo superficial emergieron diferencias profundas sobre el modelo económico, el papel del Estado y la sostenibilidad empresarial.
La suspensión provisional del decreto que fijó el incremento abrió un debate jurídico que ya es político. El salario mínimo dejó de ser solo una cifra y se convirtió en símbolo de modelo de país.
El consenso: proteger el poder adquisitivo
Los aspirantes coincidieron en que el salario mínimo debe preservar la capacidad de compra de los trabajadores frente a la inflación. En un país donde millones de hogares dependen directa o indirectamente de ese ingreso, retroceder no es una opción políticamente viable.
Algunos defendieron el espíritu del incremento, argumentando que Colombia arrastra brechas históricas de ingreso y que el salario debe responder a criterios de dignidad y suficiencia material.
Otros, sin cuestionar la necesidad del aumento, enfatizaron que cualquier decisión debe estar anclada a parámetros técnicos y a la productividad real de la economía.
Ahí comenzó la diferencia.
La divergencia: sostenibilidad y formalidad
Un sector de los candidatos advirtió que aumentos por encima de la productividad pueden profundizar la informalidad laboral, que ya supera el 50 % en varias regiones del país. Plantearon que la política salarial no puede aislarse del crecimiento económico ni del costo que asumen las pequeñas y medianas empresas.
Otros sostuvieron que el problema estructural no es el salario mínimo, sino la baja productividad y la concentración económica, y que el Estado debe jugar un papel más activo en redistribuir y dinamizar la demanda interna.
El debate dejó claro que no se discute solo un porcentaje. Se discute el equilibrio entre protección social y competitividad.
En el escenario de Acento y Canal 1, el salario mínimo funcionó como termómetro ideológico. Quedó en evidencia que el próximo gobierno no podrá tratar este tema como una decisión automática de diciembre.
Habrá que resolver tres tensiones:
Legalidad y procedimiento: la judicialización reciente demostró que la forma importa tanto como el fondo.
Inflación y productividad: la técnica económica no puede ser desplazada por criterios políticos.
Formalización: cualquier incremento debe considerar su impacto en empleo y en microempresas.
Lo que viene
Más allá del debate puntual, el mensaje es que el salario mínimo será uno de los ejes centrales de la campaña presidencial. No como consigna, sino como indicador de modelo económico.
La pregunta de fondo no es si debe subir. La pregunta es bajo qué criterios, con qué sustento técnico y con qué política complementaria para evitar que un aumento nominal termine afectando empleo o trasladándose a precios.
Ningún candidato quiere aparecer en contra del trabajador. Pero el país necesitará algo más que voluntad política. Necesitará reglas claras, seguridad jurídica y una visión integral que conecte salario, productividad y crecimiento.