ELN declara “objetivo militar” a Abelardo De la Espriella y escala la tensión en campaña
La campaña presidencial vuelve a entrar en zona de alto riesgo. La estructura del ELN habría declarado “objetivo militar” al candidato Abelardo De la Espriella, según denunció su equipo político, en medio de advertencias sobre una posible escalada terrorista en varias regiones del país. Casi en paralelo, se conoció la denuncia penal interpuesta por David Murcia Guzmán contra el aspirante, lo que activó una respuesta pública del movimiento Firmes por la Patria. La coincidencia temporal de los hechos elevó la tensión y encendió alarmas sobre el clima electoral.
De acuerdo con lo revelado por la campaña de De la Espriella, existirían informes de inteligencia que alertan sobre planes del ELN para atentar contra su integridad. El señalamiento, de confirmarse, no solo implica un riesgo directo para el candidato, sino que revive un patrón histórico: la injerencia violenta de actores armados en momentos decisivos del calendario democrático.
En paralelo, el contexto político ha sumado un elemento adicional. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha mencionado reiteradamente a De la Espriella en intervenciones públicas y en redes sociales, asociándolo —sin que hasta ahora se conozcan soportes técnicos o pruebas presentadas formalmente— con asuntos como la emergencia invernal en Córdoba y otros episodios de coyuntura nacional. Desde la campaña del candidato han señalado que esas alusiones buscan instalar sospechas en la opinión pública sin sustento verificable. Desde el Gobierno no se ha presentado, hasta el momento, un expediente técnico que respalde dichas insinuaciones.
La secuencia resulta llamativa: declaraciones presidenciales que lo vinculan discursivamente con crisis sensibles, una denuncia penal de alto impacto mediático y, casi al mismo tiempo, una alerta de amenaza armada proveniente de un grupo insurgente. Cada hecho, por separado, pertenece al terreno político o judicial. Juntos, configuran un escenario que, para sectores cercanos al candidato, sugiere una presión creciente sobre quien hoy figura entre los primeros lugares en intención de voto en mediciones conocidas públicamente.
El ELN, que mantiene presencia activa en varias zonas del país y atraviesa un proceso intermitente de negociación con el Gobierno, no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento público verificable sobre esta denuncia específica. La sola mención de un “objetivo militar” en pleno calendario electoral obliga a las autoridades a extremar medidas de protección y a esclarecer los hechos con rapidez.
La denuncia presentada por David Murcia Guzmán generó, además, una respuesta inmediata del movimiento Firmes por la Patria, que calificó el episodio como parte de una estrategia de desgaste político. La simultaneidad entre el frente judicial, el frente discursivo desde el Ejecutivo y la advertencia de amenaza armada es leída por su entorno como un patrón que no parece casual.
Más allá de interpretaciones, el punto central es institucional. Colombia tiene antecedentes dolorosos de interferencia armada y de estigmatización política en procesos electorales. Cuando un candidato que puntea en encuestas comienza a ser objeto de señalamientos públicos sin respaldo probatorio visible, denuncias penales mediáticas y alertas de seguridad, la responsabilidad del Estado es doble: proteger su integridad y garantizar que la contienda se mantenga en el terreno de las ideas y las propuestas.
En democracia, las disputas se resuelven en las urnas. Cualquier señal que sugiera presiones simultáneas —judiciales, discursivas o violentas— contra un aspirante exige claridad, transparencia y garantías efectivas. No se trata de tomar partido, sino de preservar el principio básico de competencia libre y segura que sostiene todo proceso electoral.