Gobernar implica asumir el costo del escrutinio. Implica responder por los resultados, enfrentar investigaciones, explicar errores y administrar crisis sin desp
Gobernar implica asumir el costo del escrutinio. Implica responder por los resultados, enfrentar investigaciones, explicar errores y administrar crisis sin desplazar el foco. Sin embargo, en el actual momento político, el presidente Gustavo Petro ha optado por un libreto distinto: cada vez que el debate público se concentra en asuntos incómodos para su administración, irrumpe una denuncia de amenaza, complot o intento de desestabilización.
El patrón es visible.
En medio de cuestionamientos por la financiación de su campaña, por la imputación del gerente electoral, por decisiones bajo escrutinio judicial y por el desgaste acumulado en la gestión, el presidente afirmó que desviaron su llegada a Córdoba porque, según él, lo iban a matar. Días antes había denunciado que un general de la Policía pretendía sembrar droga en la caravana presidencial para afectar una reunión internacional. También ha insinuado conexiones políticas en la órbita de la Fiscalía al mencionar que el esposo de la fiscal trabaja con el abogado Abelardo de la Espriella, uno de sus críticos más visibles.
Son afirmaciones graves. Y por lo mismo exigen pruebas, investigaciones formales y resultados verificables. Pero el efecto político inmediato no es judicial, es comunicacional: la conversación cambia.
El contexto en que aparecen estas denuncias no es neutro. Se producen cuando el Gobierno enfrenta presión por decisiones económicas cuyos primeros impactos inflacionarios empiezan a sentirse tras el aumento del salario mínimo; cuando la emergencia en Córdoba dejó la percepción de una respuesta tardía; cuando se conocieron nuevas imágenes del presidente tomado de la mano de una persona mientras era esperado durante horas en un consejo de ministros convocado en medio de la crisis; cuando nombres cercanos a su entorno, como Roa o Guerrero, están bajo cuestionamiento público. No es necesario detallar cada expediente para entender el cuadro general: desgaste político acumulado.
En ese escenario, la narrativa del asedio cumple una función clara. Desplaza el eje desde la gestión hacia la supervivencia. Del debate sobre resultados al debate sobre amenazas. Del escrutinio técnico a la solidaridad emocional con el líder.
Colombia tiene una historia trágica de violencia política. Nadie puede trivializar una denuncia de atentado contra un presidente. Pero tampoco puede normalizar que cada momento crítico derive en una nueva escena de conspiración. Si existen planes criminales, deben probarse y judicializarse. Si hay funcionarios implicados en delitos, deben responder. Si hay crisis regionales, deben atenderse con eficacia.
El problema no es denunciar riesgos reales. El problema es convertir la amenaza en recurso retórico recurrente.
Un gobierno fuerte responde con gestión y transparencia. Uno que se siente cercado tiende a elevar el conflicto y a redefinir el campo de batalla. Cuando el foco se mueve sistemáticamente hacia el enemigo invisible, lo realmente importante —la economía, la institucionalidad, la seguridad regional, la rendición de cuentas— queda en segundo plano.
La democracia no se fortalece con relatos de conspiración permanente. Se fortalece cuando el poder soporta el peso de las preguntas sin cambiar el tema.