El aumento del salario mínimo y el decreto con el que el Gobierno buscó mitigar su impacto sobre empresas y aseguradoras terminaron abriendo un frente inesperad
El alza del salario mínimo y el decreto que limitaría inversiones en el exterior podrían reducir la rentabilidad de los fondos privados.
El aumento del salario mínimo y el decreto con el que el Gobierno buscó mitigar su impacto sobre empresas y aseguradoras terminaron abriendo un frente inesperado: encarecer la jubilación de millones de colombianos y tensionar aún más el sistema pensional.
La discusión se centra en el proyecto que limitaría al 30%, en un plazo de cinco años, las inversiones que los fondos privados pueden realizar en el exterior. La intención oficial apunta a repatriar parte del ahorro pensional para dinamizar el mercado local y reducir presiones financieras. Sin embargo, el efecto colateral —según advierten analistas, gremios y la Contraloría— sería una menor rentabilidad del ahorro y, en consecuencia, mesadas más bajas o un mayor costo para el Estado.
Andrés Felipe Izquierdo, analista pensional y CEO de Integral Soluciones Pensiones ISP, explicó que el decreto reduciría la diversificación de las inversiones, afectando los rendimientos de los ahorros pensionales y, en consecuencia, el monto de las mesadas futuras de los trabajadores.
En el régimen de ahorro individual, la pensión depende directamente del capital acumulado y de los rendimientos obtenidos durante décadas. Reducir la diversificación internacional implica, en términos técnicos, concentrar el riesgo en el mercado local y limitar la posibilidad de capturar mejores retornos globales. De acuerdo con cálculos de Integral Soluciones Pensiones (ISP), si el rendimiento promedio anual bajara de 5% a 3,3% por efecto del decreto, el impacto sería sustancial.
El ejemplo es ilustrativo: una mujer que cotiza durante 23 años sobre un salario de $10 millones podría aspirar hoy a una mesada cercana a $2,1 millones. Con menor rentabilidad, esa pensión podría caer a alrededor de $1,77 millones mensuales, es decir, una reducción de más de $350.000 cada mes. En el largo plazo, la pérdida acumulada superaría los $90 millones.
La advertencia no es menor. Asofondos ha señalado que por cada punto porcentual menos de rentabilidad, las mesadas podrían reducirse entre 15% y 20%. Y la Contraloría alertó que repatriar el ahorro pensional podría traducirse en pensiones hasta 29,5% menores.
Paradójicamente, el golpe no se siente igual en todos los niveles de ingreso. Quienes aspiran a una pensión superior al salario mínimo serían los más afectados, pues su mesada depende estrictamente del ahorro acumulado. En cambio, para quienes cotizan sobre el mínimo, la pensión final no cambiaría: seguiría siendo de un salario mínimo gracias al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.
Pero ahí aparece el segundo problema. Si el trabajador acumula menos recursos en su cuenta individual por la menor rentabilidad, el Estado debe cubrir una porción mayor del costo total de la pensión. Hoy, financiar una pensión mínima para una mujer puede costar alrededor de $530 millones. Si solo logra ahorrar cerca de $100 millones, la Nación tendría que aportar más de $400 millones adicionales. Es decir, el menor rendimiento no desaparece: se traslada a las finanzas públicas.
En un contexto de aumento sostenido del salario mínimo, que eleva automáticamente el valor de las pensiones atadas a ese piso, la presión fiscal se amplifica. El ajuste salarial mejora ingresos en el corto plazo, pero también incrementa el costo de las obligaciones futuras. Si, además, se reduce la rentabilidad del ahorro, el sistema enfrenta una doble tensión: pensiones potencialmente más bajas para algunos y mayor carga presupuestal para todos.
El impacto es aún más profundo para los jóvenes que hoy comienzan a cotizar. Un ejercicio de Anif muestra que, bajo un escenario de menor diversificación internacional, el ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral podría reducirse en más de 24%. En un esquema de capitalización, pequeñas diferencias en el rendimiento anual generan brechas enormes después de 30 o 40 años.
El debate, entonces, trasciende la coyuntura. No se trata solo de dónde se invierten los recursos, sino de cómo garantizar equilibrio entre rentabilidad, sostenibilidad fiscal y protección del ahorro de los trabajadores. El Gobierno enfrenta el reto de armonizar su objetivo de fortalecer el mercado interno con la necesidad de preservar el poder adquisitivo de las futuras pensiones.
En un país donde el sistema pensional ya carga con profundas inequidades y una alta dependencia del presupuesto nacional, cualquier decisión que reduzca rendimientos o incremente subsidios implícitos puede tener efectos duraderos. El dilema es claro: proteger el ahorro individual sin desbordar las cuentas públicas. Lo que hoy se define en un decreto podría sentirse durante décadas en el bolsillo de los jubilados y en la salud fiscal del Estado.