La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) emitió este jueves un pronunciamiento en el que centró el debate, más allá del pulso político, en dos f
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) emitió este jueves un pronunciamiento en el que centró el debate, más allá del pulso político, en dos frentes: reducir los efectos que ya está generando la incertidumbre sobre el salario mínimo en variables como empleo, inflación e informalidad, y promover una línea jurisprudencial que deje reglas claras para que un episodio similar no se repita.
El mensaje se conoce horas después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno fijó el salario mínimo de 2026, al advertir que la decisión no podía sustentarse en criterios distintos a los previstos por la ley, y le dio al Ejecutivo un plazo para expedir un decreto transitorio mientras se estudia el fondo del asunto.
“Hechos cumplidos” y cuidado con derechos ya causados
En su comunicación, la ANDI señaló que, en el escenario actual, el país debe enfocarse en contrarrestar los efectos económicos que puede traer la medida sobre inflación y empleo, y pidió a las empresas hacer el mayor esfuerzo posible para proteger la posición de los trabajadores dentro de sus capacidades.
El presidente del gremio, Bruce Mac Master, insistió en que hay que ser cuidadosos con derechos que ya pudieron generarse con la aplicación del salario decretado, una referencia directa a pagos y ajustes que muchas compañías ya han venido realizando desde enero.
Lo que viene: un decreto transitorio y el peso del precedente
La decisión del Consejo de Estado abrió un escenario de alta sensibilidad práctica: nóminas en curso, contratos atados al mínimo y cálculos que se indexan automáticamente. Por eso el alto tribunal pidió un decreto transitorio en el corto plazo, buscando evitar un vacío y disminuir la incertidumbre.
En ese punto, la ANDI puso el acento en la necesidad de que este caso deje una jurisprudencia que brinde claridad jurídica, tanto para empleadores como para trabajadores, y evite que “actuaciones irregulares” de esta naturaleza se repitan.
Un debate que ya desbordó lo laboral
El fallo y la respuesta empresarial ocurren en un ambiente de polarización creciente. Mientras sectores del Gobierno y voces de izquierda han criticado la suspensión y han llamado a movilizaciones, el Consejo de Estado defendió la necesidad de sujetar la fijación del mínimo a los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996.
Por ahora, el eje inmediato será doble: seguridad jurídica para pagar y contratar sin sobresaltos, y una salida transitoria que reduzca la fricción social mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.