Una avalancha de contratos antes de la Ley de Garantías reabre dudas sobre austeridad, neutralidad estatal y posible uso electoral del aparato público. Como se
Una avalancha de contratos antes de la Ley de Garantías reabre dudas sobre austeridad, neutralidad estatal y posible uso electoral del aparato público.
Como se venía advirtiendo sin cifras precisas, Colombia vivió en enero una aceleración inusual de la contratación estatal, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías electorales. El fenómeno, más político que administrativo, reabrió el debate sobre neutralidad y uso del poder público.
La alerta tomó forma concreta este sábado, cuando la representante a la Cámara Katherine Miranda denunció que, en solo 29 días de enero, se firmaron más de 100.700 contratos de prestación de servicios, comprometiendo cerca de seis billones de pesos del presupuesto público.
El dato que más inquieta, según Miranda, es la concentración temporal. En los últimos ocho días del mes se suscribieron 51.496 contratos, más del 51% del total. Una velocidad difícil de explicar por necesidades súbitas del Estado o fallas de planeación.
Para la congresista, también candidata al Senado por la Alianza Verde, este comportamiento “enciende alertas sobre un posible uso político de la contratación pública” en la antesala de las restricciones electorales, previstas para evitar que el Gobierno influya en la contienda mediante gasto y burocracia.
“No es un debate ideológico, es una alerta institucional. El Estado corre el riesgo de convertirse en una plataforma de favores burocráticos para asegurar lealtades políticas y fortalecer estructuras clientelares en pleno año electoral”, advierte Miranda.
Contratos y maquinaria
Las denuncias no se limitaron al Congreso. Desde Bogotá, el concejal Andrés Barrios aseguró que, a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, el Gobierno desató una “feria de contratos” en ministerios clave, con ampliaciones de planta y miles de cargos temporales.
Según Barrios, la contratación y expansión burocrática se concentró en carteras estratégicas como Trabajo, Igualdad, Salud y la Unidad Nacional de Protección (UNP), en un contexto de estrechez fiscal, crisis social y demandas urgentes en seguridad, medicamentos y atención básica.
“Un Estado no crea más de mil cargos temporales semanas antes de la Ley de Garantías por casualidad. Estas decisiones suelen responder a la necesidad de operadores territoriales y estructuras políticas, más que a criterios técnicos”, afirmó el concejal.
El Ministerio del Trabajo, mediante el Decreto 0052 de 2026, creó 1.141 cargos temporales con vigencia hasta diciembre de ese año. Aunque el Gobierno lo justificó por la sobrecarga derivada de la reforma laboral, el momento y alcance despertaron suspicacias.
Igualdad, salud y protección
En el Ministerio de la Igualdad, la controversia se centró en la destinación de más de 70.500 millones de pesos para vincular a unas 3.300 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026, coincidiendo plenamente con el calendario electoral.
A esto se sumó la contratación de operadores logísticos para eventos por cerca de 69.000 millones de pesos, así como las alertas en el programa Jóvenes en Paz, donde se contrataron más de 3.100 personas pese a altos niveles de deserción y cuestionamientos de control.
El Ministerio de Salud tampoco escapó al debate. En medio de la peor crisis del sistema sanitario en años, se evalúa la creación de 535 nuevos cargos de carrera administrativa, con un costo anual superior a 74.000 millones de pesos.
La paradoja es evidente. Mientras millones de pacientes enfrentan dificultades para acceder a medicamentos esenciales y tratamientos complejos, el Estado amplía su nómina administrativa, alimentando la percepción de desorden en las prioridades del gasto público.
En la Unidad Nacional de Protección (UNP), los decretos 0019 y 0020 ampliaron la planta a 6.870 empleos. Sindicatos del sector señalaron que la reestructuración podría derivar en despidos injustificados y mayor politización de la entidad.
Ley de Garantías bajo presión
Estas denuncias se acumulan justo cuando entra en vigor la Ley de Garantías, diseñada para evitar que el poder Ejecutivo use la contratación y el presupuesto como herramientas de campaña. Para distintos sectores, enero dejó una “avalancha” de contratos firmados a contrarreloj.
El aumento contrasta con el discurso oficial de austeridad y crisis fiscal. Hasta ahora, el Gobierno no ha entregado explicaciones detalladas sobre el crecimiento del número y valor de contratos, ni sobre los mecanismos de control aplicados en ese periodo.
El exconcejal Daniel Briceño afirmó que “la crisis no existe para la burocracia” y aseguró que aún faltan datos del 30 y el 31 de enero, lo que podría ampliar la dimensión del fenómeno denunciado.
El analista en gestión pública José David Castellanos señaló que, en tres años y medio, los contratos por prestación de servicios habrían aumentado en cerca de 7.000 cargos, con un costo acumulado de 19,3 billones de pesos.
Según una auditoría citada por Castellanos, el valor de estos contratos pasó de 12,1 billones en 2022 a 19,3 billones en 2025. Un incremento que equivale a casi la mitad de lo que el Gobierno esperaba recaudar con su última reforma tributaria.
Más allá de cifras y decretos, el debate de fondo es político e institucional: si la contratación pública se convierte en herramienta electoral, la igualdad de condiciones queda en entredicho y la confianza ciudadana vuelve a erosionarse.
En vísperas de elecciones, la pregunta ya no es cuántos contratos se firmaron, sino si el Estado logró blindarse o no de la tentación histórica de confundir gobierno con campaña