Los denunciantes sostienen que Cepeda no puede participar en la consulta del Frente por la Vida porque ya habría tomado parte en una consulta previa. La incerti
Los denunciantes sostienen que Cepeda no puede participar en la consulta del Frente por la Vida porque ya habría tomado parte en una consulta previa.
La incertidumbre política en torno a la consulta interpartidista del Frente por la Vida —la apuesta de la izquierda para definir su candidato presidencial— se mantiene. La decisión sobre si Iván Cepeda, hoy líder en las encuestas internas, podrá o no participar el próximo 8 de marzo volvió a aplazarse.
La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), que esperaba emitir un pronunciamiento definitivo, postergó la discusión un día más tras recibir nuevas denuncias en la noche del jueves. Esto obligó a los magistrados encargados de elaborar la ponencia —Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez— a ajustar el documento que servirá de base para la votación final.
El caso se ha convertido en un punto de tensión clave dentro del progresismo: no solo porque Cepeda es una de las figuras más visibles del Pacto Histórico, sino porque su eventual exclusión podría alterar por completo el tablero electoral de la coalición.
El corazón del debate: ¿doble consulta?
Las demandas presentadas ante el CNE apuntan principalmente a un supuesto impedimento legal. Los denunciantes sostienen que Cepeda no puede participar en la consulta del Frente por la Vida porque ya habría tomado parte en una consulta previa del Pacto Histórico en octubre pasado.
Según la interpretación de los demandantes, esto vulneraría la norma que prohíbe participar en más de una consulta dentro del mismo proceso electoral. El argumento es que permitirlo implicaría desconocer los límites establecidos en la Ley 1475 de 2011 y en la propia Constitución.
Uno de los principales impulsores de esta ofensiva jurídica es el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid, quien considera que la inscripción de Cepeda “desconoce de manera directa y frontal el régimen jurídico de las consultas”.
El tema no es menor: de prosperar la demanda, se abriría un precedente sobre los alcances de las consultas internas y la forma en que los partidos organizan sus mecanismos de selección.
La defensa desde el progresismo
Desde el Frente por la Vida, la reacción ha sido inmediata. Roy Barreras, también precandidato, salió a defender la legalidad del proceso y lanzó un mensaje directo a los sectores que cuestionan la consulta.
“Que sepa la derecha retrógrada estas cuatro verdades: el progresismo colombiano es la fuerza política mayoritaria y pondrá presidente”, afirmó, insistiendo en que el 8 de marzo habrá consulta y debates entre los aspirantes.
Barreras también sostuvo que algunos sectores opositores sueñan con dejar el camino libre para una consulta “uribista”, pero advirtió que eso “no pasará”.
Sus palabras reflejan un clima de polarización: para el progresismo, las demandas son un intento de sabotaje político; para la oposición, se trata de hacer cumplir la ley.
Cepeda anticipa batalla judicial
Iván Cepeda, por su parte, no ha ocultado que está dispuesto a dar la pelea. Aseguró que, si el CNE anula su inscripción, acudirá a la acción de tutela para defender sus derechos políticos.
Cepeda incluso extendió el argumento a los votantes: sostuvo que los más de 2,7 millones de ciudadanos que participaron en la consulta anterior del Pacto Histórico también podrían recurrir a mecanismos judiciales para proteger su derecho a elegir en esta nueva jornada.
“Se quiere, con interpretaciones tramposas, no solo negar mi inscripción, sino impedir que todas y todos ustedes voten ese día”, afirmó.
El rol del Consejo Nacional Electoral también está en el centro del debate. Dos de las magistradas encargadas del caso, Márquez y Velásquez, llegaron al CNE en representación del Pacto Histórico en 2022. Y Echeverry, aunque no pertenece formalmente al bloque oficialista, dirigió en su momento la estrategia de testigos electorales del mismo movimiento.
Esto ha alimentado suspicacias sobre la imparcialidad del organismo, en un contexto donde las decisiones electorales suelen tener un alto costo político.
Además, entidades como la Registraduría, la Procuraduría y la Contraloría solicitaron formalmente al CNE que se pronuncie sobre la posible inhabilidad, aumentando la presión institucional.
Más allá de Cepeda, lo que se define es el rumbo del proceso de unidad de la izquierda. Si el senador queda fuera, el Frente por la Vida enfrentaría una consulta debilitada y una fractura interna. Si se mantiene, la oposición podría insistir en que se violó la normatividad electoral.
En ambos escenarios, la decisión tendrá repercusiones políticas inmediatas: en la legitimidad de la consulta, en el liderazgo del progresismo y en el clima de cara a las presidenciales.
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