El bombardeo ordenado por el Gobierno contra una estructura del ELN en el Catatumbo no fue un hecho aislado ni una reacción improvisada. Por su timing, su alcan
El bombardeo ordenado por el Gobierno contra una estructura del ELN en el Catatumbo no fue un hecho aislado ni una reacción improvisada. Por su timing, su alcance y el mensaje político que transmite, la operación aparece como el primer movimiento concreto posterior al encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump en Washington.
Horas después de esa reunión —leída por ambos gobiernos como un ejercicio de distensión y moderación—, la Fuerza Pública ejecutó un bombardeo entre El Tarra y Tibú que dejó al menos siete integrantes del ELN muertos. De inmediato, la cúpula militar se desplazó al Catatumbo, una de las zonas más complejas del país por la convergencia de economías ilegales, control territorial armado y ausencia histórica del Estado.
La secuencia importa. Y mucho.
En Washington, Petro buscó enviar un mensaje de pragmatismo: Colombia no es un socio errático ni ideológico en materia de seguridad y narcotráfico. Trump, por su parte, habló el lenguaje que mejor conoce: resultados. No comunicados, no promesas, no diagnósticos. Resultados medibles. En ese contexto, el operativo en el Catatumbo funciona como una señal clara de alineación táctica, aunque no implique —ni de lejos— un acuerdo formal entre ambos mandatarios.
El bombardeo también cumple una función hacia adentro. Durante meses, la política de “paz total” había erosionado la percepción de autoridad del Estado en regiones donde los grupos armados no solo no se desmovilizaron, sino que fortalecieron su control. El ELN, en particular, aprovechó ceses al fuego y vacíos operativos para expandir rentas ilegales. La decisión de bombardear rompe, al menos parcialmente, esa inercia y reintroduce un principio básico: el monopolio legítimo de la fuerza sigue en manos del Estado.
No se trata de un viraje doctrinal. Petro no abandonó su apuesta política ni desmontó el marco conceptual de la paz total. Lo que hizo fue introducir una corrección táctica: negociación sí, pero no a cualquier costo. El despliegue posterior de la cúpula militar refuerza esa lectura. El mensaje no es solo que se puede golpear, sino que habrá seguimiento, presencia y control.
En clave internacional, la operación responde a una necesidad evidente. Colombia no podía salir de Washington solo con gestos simbólicos. La relación con Estados Unidos —y en particular con un Trump que mide la política exterior en términos de fuerza y control— exigía una demostración tangible de capacidad estatal frente al narcotráfico y los grupos armados.
El Catatumbo terminó siendo ese escenario. Un territorio donde confluyen todas las tensiones del país y donde cada decisión se lee en múltiples planos: político, militar, internacional y social.
El operativo no resuelve el problema estructural ni redefine la estrategia de seguridad. Pero sí marca un punto de inflexión en el relato. Petro quiso mostrar moderación y gobernabilidad. Trump exigía hechos. El bombardeo fue el lenguaje común.
La pregunta que queda abierta no es si el gesto fue suficiente, sino si tendrá continuidad. Porque en Colombia, más que los anuncios o los golpes puntuales, lo que define la política de seguridad es la persistencia. Y ahí es donde el Gobierno aún tiene que demostrar que este movimiento no fue una excepción, sino el inicio de una línea más clara entre paz, autoridad y control del territorio.