Garantizar ingresos sin transformar la estructura que los produce es tratar el síntoma y no la causa. La discusión de fondo no es ideológica ni electoral. Es cu
Garantizar ingresos sin transformar la estructura que los produce es tratar el síntoma y no la causa.
La discusión de fondo no es ideológica ni electoral. Es cultural y estructural. América Latina –y Colombia no es la excepción– lleva décadas atrapada en un modelo de Estado proteccionista que, con la promesa de cuidar, terminó anestesiando. Un Estado que se expandió en burocracia, regulaciones y gasto improductivo, mientras redujo el espacio para la iniciativa individual, el riesgo y la creación de riqueza. El resultado es visible: menos innovación, menos emprendimiento y una creciente desconfianza hacia quien prospera.
Se nos vendió la idea de que la riqueza es antinatural, sospechosa, casi inmoral. Que el éxito económico es, por definición, fruto del abuso o del privilegio. Bajo ese relato, el Estado se erigió como corrector moral, encargado de “equilibrar” una sociedad que supuestamente se desborda cuando se la deja en libertad. Pero esa narrativa ha tenido un costo profundo: debilitó el deseo de crear, de invertir, de esforzarse más allá de lo mínimo indispensable.
El problema no es cuestionar la concentración excesiva de riqueza. Ese debate es legítimo y necesario. El problema es haber reemplazado la pregunta correcta. En lugar de preguntarnos cómo crear riqueza para muchos, optamos por una lógica robinhoodesca: redistribuir lo poco que existe, como si repartir fuera equivalente a crecer. La experiencia comparada muestra lo contrario. La redistribución sin creación previa termina empobreciendo el conjunto, erosionando incentivos y reduciendo el capital disponible para invertir, innovar y generar empleo de calidad.
Desde una lógica económica rigurosa –particularmente la que pone en el centro la función empresarial–, el desarrollo no surge de decretos ni de subsidios permanentes, sino de un entramado de decisiones individuales coordinadas por mercados libres, reglas claras y derechos de propiedad sólidos. La creación de valor ocurre cuando las personas pueden arriesgar, innovar y competir sin que el Estado se convierta en un obstáculo sistemático. Cuando la ganancia deja de ser demonizada y vuelve a ser entendida como señal de que se resolvió un problema real de la sociedad.
En ese marco, la obsesión por soluciones simplificadas como el “salario vital” revela una mirada incompleta. Garantizar ingresos sin transformar la estructura que los produce es tratar el síntoma y no la causa. El verdadero desafío es construir un Estado austero en su funcionamiento, disciplinado en su gasto burocrático, pero fuerte y estratégico en su oferta social. Un Estado que invierta en educación pertinente, salud eficiente, infraestructura y seguridad jurídica; que amplíe capacidades en lugar de reemplazar voluntades.
La evidencia económica es consistente: los países que lograron reducir pobreza de forma sostenida lo hicieron expandiendo la base productiva, no administrando escasez. Donde hay respeto por la propiedad, reglas estables y libertad para emprender, la riqueza tiende a multiplicarse y a difundirse. Donde el Estado se asume como empresario, planificador central o redistribuidor compulsivo, el crecimiento se frena y la informalidad se dispara.
Cambiar el modelo exige, ante todo, cambiar la mentalidad. Dejar de ver al Estado como proveedor universal y volver a concebirlo como facilitador. Pasar de una cultura del derecho sin deber a una cultura de oportunidades con responsabilidad. Entender que el bienestar no se decreta: se construye cuando millones de personas tienen las herramientas –no las muletas– para progresar.
Un Estado chico no es un Estado ausente. Es un Estado que entiende su límite y, justamente por eso, cumple mejor su función. Libertades grandes no significan abandono social; significan confiar en que una sociedad con incentivos correctos puede crear más, repartir mejor y sostener su desarrollo en el tiempo. Ese es el debate que vale la pena dar. Sin demagogia. Con buen juicio y criterio. Con evidencia. Y, sobre todo, con la convicción de que el crecimiento no es un pecado, sino la condición básica para una sociedad más justa.