Congresistas denuncian títulos irregulares de funcionarios, pagos posteriores a grados y contradicciones con discurso presidencial de méritos. El gobierno del p
Congresistas denuncian títulos irregulares de funcionarios, pagos posteriores a grados y contradicciones con discurso presidencial de méritos.
El gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta una de sus controversias más delicadas en materia de ética pública, tras la denuncia de un presunto cartel de diplomas irregulares que involucra a funcionarios y contratistas, muchos de ellos vinculados a cargos obtenidos bajo la bandera de la meritocracia.
La denuncia fue hecha por la representante a la Cámara por Bogotá del partido Alianza Verde, Catherine Juvinao, quien alertó sobre la expedición irregular de títulos por parte de la Fundación Universitaria San José a personas que terminaron vinculadas al Gobierno nacional.
Según Juvinao, al menos 24 personas aparecen relacionadas con diplomas presuntamente irregulares y contratos celebrados entre 2023 y 2025 en 16 entidades del orden nacional, por un valor que supera los 1.100 millones de pesos.
La congresista explicó identificó dos modalidades recurrentes: personas que obtuvieron su diploma sin registro alguno de la prueba Saber Pro y otras que presentaron dicho examen después de haberse graduado, una anomalía incompatible con la normativa académica vigente.
Entre las entidades que vincularon a estas personas figuran el SENA, la Unidad Nacional de Protección, el Invima, la DIAN, el DANE, la Aerocivil, el Ministerio de Salud y dependencias adscritas directamente a la Presidencia de la República.
El escándalo golpea la narrativa del presidente Petro, quien, al iniciar su mandato, prometió reemplazar el clientelismo por un sistema de convocatorias de mérito, asegurando que los cargos públicos serían ocupados por personas con formación y capacidades verificables.
Sin embargo, los casos conocidos sugieren una distancia creciente entre el discurso presidencial y la práctica administrativa, con nombramientos sustentados en títulos académicos hoy bajo seria sospecha.
Viceministra de Juventudes
Uno de los episodios más representativos es el de Juliana Guerrero, funcionaria cuyo ascenso en el Gobierno ha sido cuestionado por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien asegura haber encontrado pruebas de que Guerrero no cursó realmente sus estudios universitarios.
Pedraza reveló facturas oficiales de la DIAN que demostrarían que Guerrero pagó cerca de ocho millones de pesos a la Fundación Universitaria San José, después de la fecha en que figura su graduación como contadora pública.
Según la congresista, Guerrero se habría graduado el 1º de julio de 2025, pero hizo pagos posteriores por derechos de grado y matrículas, incluidos desembolsos por programas que, en teoría, ya había culminado académicamente.
El caso, según Pedraza, expone un esquema que permitiría obtener títulos sin cursar las carreras, facilitando el acceso a cargos públicos y contratos estatales, mientras miles de estudiantes cumplen procesos académicos y se endeudan durante años.
La secretaria de Petro
Otro episodio que ha generado especial impacto político es el de Nelfy Melo Morales, secretaria privada del presidente Petro, quien, según revelaciones periodísticas, obtuvo tres títulos académicos el mismo día en la misma institución.
Melo Morales recibió, el 5 de julio de 2024, dos títulos profesionales y uno tecnológico como tecnóloga en Seguridad y Salud en el Trabajo, administradora de empresas e ingeniera industrial, todos expedidos en una sola jornada.
Las actas de grado comparten la misma fecha y número de registro, y la funcionaria presentó la prueba Saber Pro nueve días después de la ceremonia, otro elemento que refuerza las dudas sobre la validez del proceso.
El caso resulta particularmente sensible por la cercanía de Melo Morales con el presidente, pues ejerce funciones clave en el despacho presidencial desde septiembre de 2022, en el corazón del poder ejecutivo.
Ministerio sin competencia
A estos elementos se suma la relación política del antiguo rector de la Fundación San José con figuras del petrismo, un vínculo que, aunque no constituye prueba penal, alimenta los cuestionamientos sobre posibles redes de favores.
El entonces rector de la institución, hoy su representante legal tras los escándalos conocidos, es Francisco Pareja, antiguo aliado político del ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien compartió campañas electorales y respaldos mutuos en sus aspiraciones al Congreso.
El Ministerio de Educación aseguró que no tiene competencia en la expedición de títulos, aunque confirmó que adelanta procesos de inspección y vigilancia, una respuesta que no ha logrado apaciguar las críticas.
Más allá de las eventuales responsabilidades individuales, el escándalo plantea un desafío político mayor para el presidente Petro: explicar por qué, bajo su gobierno, la meritocracia prometida terminó erosionada por títulos cuestionados y silencios institucionales.