Proyecto de Petro limita inversión externa de pensiones y desata alertas por rentabilidad, riesgo y confianza financiera futura. El gobierno de Gustavo Petro ab
Proyecto de Petro limita inversión externa de pensiones y desata alertas por rentabilidad, riesgo y confianza financiera futura.
El gobierno de Gustavo Petro abrió una nueva polémica al proponer repatriar el ahorro pensional invertido en el exterior, una jugada que promete reactivar la economía, pero expone los recursos de millones de afiliados a riesgos financieros inéditos.
El proyecto de decreto, publicado para comentarios por el Ministerio de Hacienda, limita gradualmente al 30 por ciento las inversiones de los fondos de pensiones en el exterior, pese a que hoy la mitad del ahorro se encuentra fuera del país.
El Gobierno asegura que la medida no afecta derechos adquiridos ni el pago de pensiones, y que el ajuste se haría sin ventas abruptas, usando nuevas cotizaciones y vencimientos, un argumento que no convence al mercado financiero local ni internacional.
La iniciativa busca canalizar el ahorro hacia infraestructura, vivienda, energía y transición energética, pero críticos advierten que forzar inversiones internas reduce la diversificación internacional, un principio clave para proteger rendimientos pensionales frente a crisis fiscales regulatorias y políticas.
Billonaria repatriación
Según estimaciones del centro de pensamiento económico ANIF, la aplicación del decreto implicaría la repatriación gradual de alrededor de 125 billones de pesos, una magnitud que podría distorsionar precios y liquidez del mercado local financiero colombiano en el tiempo.
La presidenta de Amcham, María Claudia Lacouture, expresó que repatriar ahorro pensional no es un traslado simple, sino desarmar portafolios globales ya rentables y reconstruirlos en un mercado más concentrado, con mayores riesgos de liquidez local.
Señaló que los rendimientos no se trasladan automáticamente y que existen riesgos de reinversión, precio y liquidez, recordando que el ahorro pensional es sagrado y no debe usarse como variable de ajuste fiscal ni herramienta coyuntural de política económica.
Analistas dicen que reducir la inversión externa aumenta la exposición del ahorro a choques macroeconómicos internos, depreciaciones cambiarias y decisiones regulatorias; los riesgos que la diversificación internacional busca mitigar para proteger pensiones futuras de colombianos.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue más lejos al calificar la propuesta como un control indirecto de capitales, al impedir que los fondos inviertan donde el retorno ajustado por riesgo sea mayor, según criterios técnicos internacionales y financieros.
Restrepo advirtió que limitar la inversión externa reduce artificialmente la diversificación del portafolio pensional y aumenta la exposición al riesgo fiscal; y debilita un mecanismo clave de protección del afiliado frente a crisis recurrentes de la economía.
Para los críticos, el trasfondo del decreto no es técnico sino político, al buscar financiar la reactivación interna con ahorro obligatorio, en lugar de atraer inversión mediante confianza, estabilidad macroeconómica y reglas claras para el capital privado nacional e internacional.
La preocupación aumenta porque el ahorro pensional es de largo plazo y pertenece a los trabajadores, no al Gobierno, por lo que usarlo para objetivos coyunturales puede comprometer rendimientos futuros y el monto de las pensiones en escenarios adversos prolongados.
Aunque el Ministerio insiste en que el ajuste será gradual y sin choques, expertos recuerdan que decisiones regulatorias alteran expectativas y pueden afectar precios de activos, tasas de interés y la profundidad del mercado local en cortos medianos y largos.
El debate revive temores históricos sobre el uso del ahorro privado para fines estatales, en un contexto de presión fiscal y bajo crecimiento, donde la tentación de recurrir a recursos cautivos vuelve al centro de la agenda del gobierno actual.
Según analistas, reactivar la economía con ahorro forzado puede generar alivios temporales, pero sacrifica eficiencia, rentabilidad y confianza, pilares esenciales para un sistema pensional sostenible, y para un mercado de capitales profundo capaz de absorber riesgos y financiar crecimiento sostenible.
El riesgo, señalan, es que una decisión política termine afectando el ingreso futuro de los pensionados, trasladando costos a generaciones que no participaron en la definición de la política pública ni se beneficiarán directamente de sus efectos futuros previsibles negativos.
Mientras el decreto avanza en su trámite, el debate deja una pregunta central: ¿debe el Estado orientar el ahorro pensional para reactivar la economía, o protegerlo exclusivamente en función del afiliado sin interferencias políticas ni objetivos fiscales coyunturales adicionales futuros?
La respuesta, coinciden expertos, definirá no solo el rumbo del sistema pensional, sino la credibilidad de la política económica, en un momento donde la confianza es tan escasa como el crecimiento y las señales importan más que los discursos oficiales.
En juego está el ahorro de millones de colombianos y la coherencia de un Gobierno que promete protegerlo, mientras impulsa reformas que, según críticos, lo convierten en herramienta de política económica para cubrir desequilibrios actuales y financiar reactivaciones inciertas.