La imposición mutua de aranceles revela tensiones por narcotráfico, fronteras y energía que desbordan el marco andino. La guerra comercial entre Ecuador y Colom
La imposición mutua de aranceles revela tensiones por narcotráfico, fronteras y energía que desbordan el marco andino.
La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó lejos de las aduanas. Se originó en la frontera, en la violencia y en la frustración de Quito frente a una cooperación antidrogas que considera insuficiente, pese a los discursos de integración.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decidió imponer un arancel del 30% a las importaciones colombianas bajo un argumento de “seguridad nacional”. No habló de balanza comercial ni de competitividad: habló de crimen, violencia y ausencia de reciprocidad.
Colombia respondió con la misma moneda, pero cuidando el lenguaje. Impuso un gravamen equivalente a productos ecuatorianos, suspendió la venta de energía y apeló a la “reciprocidad”. Insistió en que no se trata de una sanción, sino de una corrección temporal mientras se recompone la confianza bilateral.
Sin embargo, el choque revela algo más profundo que una simple diferencia comercial. Lo que está en juego es el uso del comercio como herramienta de presión política y securitaria, una línea roja para un bloque como la Comunidad Andina, construido precisamente para evitar este tipo de decisiones unilaterales.
Desde Bogotá, la Cancillería recordó que la medida ecuatoriana viola la normativa andina, afecta a los sectores productivos de ambos países y termina favoreciendo al contrabando y a las economías ilegales. Es decir, el remedio podría estar agravando la enfermedad que dice combatir.
Pero en Quito el cálculo es otro. Ecuador atraviesa su peor crisis de seguridad en décadas, con tasas de homicidio que superan los 50 por cada 100.000 habitantes y una presión social creciente para mostrar resultados. En ese contexto, endurecer la relación con Colombia también tiene un destinatario interno.
El problema es que el comercio bilateral no es marginal. Colombia y Ecuador mueven más de US$4.000 millones anuales, y el intercambio depende en un 72% del transporte terrestre, especialmente en la frontera sur, donde el impacto sobre empleo y precios es inmediato.
Además, la relación comercial es claramente favorable para Colombia. En 2023, el país registró un superávit récord de US$1.279 millones frente a Ecuador. En la última década, ese saldo positivo nunca ha sido inferior a US$700 millones, lo que convierte a Ecuador en uno de los mercados más rentables para Colombia.
Ecuador, pese a tener una economía dolarizada, compra a Colombia más de lo que le vende. Entre los principales productos importados están preparaciones de alimentos, aceites, pescados, madera, plásticos y manufacturas, sectores sensibles a cualquier encarecimiento por vía arancelaria.
Por eso, los gremios transportadores y comerciales advirtieron que la escalada puede traducirse rápidamente en mayores precios al consumidor, menor competitividad exportadora y pérdidas de empleo, especialmente en zonas fronterizas ya golpeadas por la inseguridad y los bloqueos viales.
La suspensión de la venta de energía eléctrica añade otro nivel de tensión. Ecuador ha dependido históricamente de Colombia en momentos críticos, y Bogotá decidió marcar un límite, priorizando su soberanía energética mientras persista el choque comercial y político.
El mensaje colombiano es doble: hay voluntad de integración, pero no a cualquier costo. La energía, al igual que el comercio, deja de ser un instrumento de cooperación cuando se rompe el marco de confianza que lo sostiene.
En el fondo, ambos gobiernos están mezclando agendas que, en teoría, deberían ir por carriles separados. Seguridad, comercio y energía se están usando como fichas de una misma partida, elevando el riesgo de errores de cálculo.
El mayor peligro no es el arancel en sí, sino el precedente. Normalizar el uso de barreras comerciales para resolver disputas de seguridad debilita la integración andina y envía una señal de imprevisibilidad a inversionistas y socios regionales.
La salida existe, pero no pasa por más gravámenes. Pasa por reconstruir la confianza, reactivar los mecanismos de la Comunidad Andina, acordar verificaciones conjuntas en frontera y devolver el comercio a su función original: generar desarrollo, no castigos políticos.
Si Colombia y Ecuador no logran desescalar, el costo será compartido. Y, como suele ocurrir, lo pagarán primero los consumidores, los transportadores y las regiones fronterizas, mientras el crimen organizado se adapta, cruza por trochas y vuelve a ganar terreno.