La primera reacción vino desde Barranquilla. El alcalde Alejandro Char cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de trasladar a la ciudad a peligro
La primera reacción vino desde Barranquilla. El alcalde Alejandro Char cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de trasladar a la ciudad a peligrosos cabecillas de las bandas Los Costeños y Los Pepes, una medida adoptada en el marco de la política de “paz total”. Para el mandatario distrital, el traslado no solo es inoportuno, sino que representa un riesgo directo para la seguridad ciudadana.
A través de la red social X, Char calificó como “increíble” el actuar del Gobierno y advirtió que, en lugar de enviar refuerzos a la Fuerza Pública, se está optando por trasladar a Barranquilla a criminales de alto perfil, entre ellos Digno José Palomino y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor. Según el alcalde, las cárceles de la ciudad no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para albergar a este tipo de delincuentes, lo que podría agravar la situación de orden público.
“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente.”
La preocupación llevó a Char a convocar de inmediato una reunión urgente con autoridades locales y departamentales, entes de control, gremios, representantes de víctimas y el gobernador del Atlántico, con el fin de evaluar medidas para proteger a la ciudad, especialmente en un momento sensible como el arranque del Carnaval.
Horas después llegó la respuesta del presidente Gustavo Petro. También desde X, el jefe de Estado defendió la decisión del Gobierno y recordó que, durante su administración, la tasa de homicidios en Barranquilla se ha reducido a la mitad. Según Petro, ese resultado se logró gracias a un proceso de paz entre bandas criminales que “estaban desangrando la ciudad”, en referencia directa a la estrategia de diálogo que hoy justifica el traslado de estos cabecillas .
El cruce de mensajes dejó en evidencia una fractura política y conceptual sobre la seguridad urbana. Mientras el Gobierno insiste en que la “paz urbana” es un camino para reducir la violencia, desde la administración distrital se cuestiona que esa estrategia se implemente trasladando a los máximos jefes criminales al mismo territorio que fue víctima de su accionar.
En este contexto, fuentes de entero crédito consultadas por Acento señalan que detrás de esta medida existirían intereses políticos de cara al calendario electoral que se avecina: las elecciones legislativas, la consulta presidencial y, posteriormente, la elección presidencial. Según estas versiones, el traslado de los cabecillas no sería solo una decisión de seguridad, sino también una jugada con lecturas políticas más amplias en regiones clave del país.
De acuerdo con esas mismas fuentes, el principal articulador político de esta estrategia sería Armando Benedetti, uno de los operadores más experimentados del petrismo, con amplia influencia en escenarios regionales y electorales. Estas versiones circulan con fuerza en sectores políticos y de seguridad que siguen de cerca la implementación de la “paz total”.
El episodio vuelve a poner a Barranquilla en el centro de una discusión nacional: si la ciudad debe asumir los costos de una política de paz urbana aún en construcción y, sobre todo, si decisiones de esta magnitud pueden desligarse del clima político y electoral que empieza a marcar el rumbo del país.