Barranquilla vuelve a quedar en el centro de una decisión del Gobierno nacional que ge nera más preguntas que certezas. Una orden oficial conocida en las última
Barranquilla vuelve a quedar en el centro de una decisión del Gobierno nacional que genera más preguntas que certezas. Una orden oficial conocida en las últimas horas confirma el traslado a la ciudad de Digno José Palomino, cabecilla de Los Pepes, y de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, jefe de Los Costeños, dos de las estructuras criminales más violentas que han operado en el Caribe colombiano. La medida se enmarca en la política de “paz total” del gobierno del presidente Petro. específicamente en el capítulo de llamada “paz urbana” .
La decisión no es menor. Ambos hombres están recluidos actualmente en cárceles de alta seguridad —Cómbita y La Picota— y, según el documento revelado, serían trasladados a la cárcel de El Bosque, en Barranquilla, unto con otros integrantes de estas organizaciones. El argumento oficial: facilitar “acercamientos exploratorios” y mantener condiciones de reclusión que permitan avanzar en conversaciones con estas estructuras criminales.
El problema no es solo jurídico o administrativo. Es político, institucional y profundamente simbólico. Barranquilla ha sido una de las ciudades más golpeadas por la violencia de bandas, la extorsión y el control territorial de estas organizaciones. Durante años, autoridades locales, comerciantes y ciudadanos han denunciado que Los Pepes y Los Costeños convirtieron barrios enteros en escenarios de miedo cotidiano. Hoy, esos mismos jefes criminales regresan al territorio donde construyeron su poder, ahora con el aval del Estado.
La orden llega, además, en un momento particularmente sensible. Primero, porque la supuesta tregua entre estas bandas —iniciada en octubre de 2025— está próxima a vencerse. Segundo, porque Colombia entra de lleno en un año electoral, donde la seguridad será uno de los ejes centrales del debate público. Y tercero, porque no existe una explicación clara al país —ni mucho menos a Barranquilla— sobre los riesgos, las garantías y los límites de esta decisión.
Desde el Gobierno se insiste en que no se trata de beneficios indebidos ni de impunidad, sino de una estrategia para reducir la violencia. Sin embargo, la experiencia reciente de la “paz total” muestra un balance, cuando menos, problemático. Los homicidios no han desaparecido, las economías criminales siguen operando y las bandas han ganado reconocimiento político sin una contraprestación clara en términos de sometimiento real a la justicia.
Aquí emerge la pregunta de fondo: ¿por qué Barranquilla? ¿Por qué trasladar a la ciudad a quienes fueron, y siguen siendo, responsables directos del deterioro de la seguridad urbana? Para muchos sectores locales, la medida se siente como una concesión injustificada, casi como un premio a quienes construyeron su poder a punta de sangre y extorsión. La percepción —difícil de ignorar— es que el Estado termina legitimando a los victimarios mientras las víctimas siguen esperando respuestas.
El alcalde Alejandro Char ya había advertido, en ocasiones anteriores, sobre los riesgos de una “paz urbana” sin reglas claras ni control institucional. “Primero está la ley”, dijo, marcando una línea que hoy parece desdibujarse. Porque si el mensaje que se envía es que liderar una banda criminal abre la puerta a negociaciones privilegiadas, el incentivo perverso es evidente.
Barranquilla necesita una política de seguridad coherente, coordinación real entre Nación y territorio, y señales inequívocas de que el crimen no paga. Mientras el Gobierno no explique con transparencia qué busca, qué ofrece y qué exige a cambio, esta decisión seguirá siendo leída como lo que hoy muchos sienten en la ciudad: una imposición que pone en riesgo la seguridad y erosiona la confianza en las instituciones.