El deterioro del orden público se reflejó en los indicadores oficiales. El secuestro aumentó y las acciones terroristas, también. A ocho meses del final del gob
El deterioro del orden público se reflejó en los indicadores oficiales. El secuestro aumentó y las acciones terroristas, también.
A ocho meses del final del gobierno de Gustavo Petro, la política de Paz Total enfrenta un balance adverso. Las cifras oficiales de 2025 registran 1.273 actos terroristas y 559 secuestros, resultados que contrastan con la promesa presidencial de desactivar la guerra.
El lema “Colombia, potencia mundial de la vida”, eje del proyecto político del mandatario, quedó en entredicho en un año marcado por hechos de violencia que evocaron episodios del pasado. Para amplios sectores ciudadanos, el país volvió a mirar atrás, con preocupación.
Antes de acabar el año, municipios del Cauca vivieron tomas armadas que se extendieron durante toda la noche. Ataques con explosivos y hostigamientos recordaron escenas del conflicto de finales de los años 90, cuando poblaciones enteras quedaron bajo fuego insurgente.
El repunte de delitos como el secuestro y los atentados terroristas reforzó la sensación de retroceso. Conductas que parecían relegadas a la historia reciente reaparecieron con fuerza, afectando a civiles, líderes sociales y miembros de la fuerza pública en distintas regiones.
Mesas de diálogo sin avance
La Paz total fue concebida como un sistema de negociaciones simultáneas con todos los grupos armados ilegales. La apuesta buscaba cerrar múltiples frentes de violencia al mismo tiempo, mediante diálogos políticos, sometimientos judiciales y ceses al fuego verificables.
Sin embargo, para 2025, dos actores clave quedaron fuera del esquema. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), llamado a ser la mesa central del proceso, suspendió los diálogos tras un ataque a una base militar en Arauca ocurrido en septiembre de 2024.
Desde entonces, pese a anuncios de voluntad política, no existe un calendario definido ni una agenda clara con esa guerrilla. La ausencia de avances dejó en el aire uno de los pilares de la estrategia gubernamental para reducir la confrontación armada.
Las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por alias Iván Mordisco, también se marginaron del proceso. Lejos de negociar, el grupo fortaleció su control territorial, aprovechando vacíos de autoridad y disputas por economías ilegales estratégicas.
En contraste, las disidencias comandadas por alias Calarcá permanecieron dentro del esquema. Su inclusión les otorgó beneficios como ceses al fuego y frenos a órdenes de captura, una situación que generó cuestionamientos por la falta de resultados tangibles.
Escándalos y contradicciones
La polémica creció con los llamados Archivos de Calarcá, un expediente en poder de la Fiscalía que documentaría presuntos nexos entre funcionarios del Estado y estructuras disidentes. Las denuncias apuntan al uso de recursos públicos para fines ilegales.
Según las investigaciones, se habrían utilizado vehículos oficiales para transportar combatientes, armas e incluso menores reclutados. El caso desató alarmas por posibles filtraciones de inteligencia y debilitó la confianza en los mecanismos de la Paz Total.
El debate se intensificó tras un bombardeo militar en Calamar, Guaviare, en el que murieron siete menores de edad. Aunque la Defensoría reportó una reducción del reclutamiento forzado, el episodio tuvo fuerte impacto político y social.
El presidente Petro defendió la operación como necesaria para proteger a los soldados, calificando las muertes como un daño colateral. Sus declaraciones contrastaron con posturas que sostuvo como senador frente a hechos similares en gobiernos anteriores.
Cifras que presionan al Gobierno
El deterioro del orden público se reflejó en los indicadores oficiales. El secuestro aumentó cerca del 80%, al pasar de 313 casos en 2024 a 559 en 2025, según datos del Ministerio de Defensa.
Las acciones terroristas también crecieron, de 1.126 a 1.273, con énfasis en ataques de alto impacto simbólico. El suroccidente del país concentró varios de estos hechos, en ciudades y corredores estratégicos.
Los homicidios registraron un leve aumento, mientras los asesinatos de líderes sociales volvieron a subir. Las masacres se mantuvieron estables, lo que indica que las dinámicas de control territorial siguen activas pese a los ceses anunciados.
En contraste, delitos como el hurto y la extorsión disminuyeron. Analistas advierten que esta tendencia no necesariamente refleja mayor seguridad, sino posibles cambios hacia rentas ilegales menos visibles y con menor denuncia.
El cierre de 2025 evidencia una baja capacidad estatal para incidir en los territorios, según la Fundación Ideas para la Paz. También alerta sobre la fragilidad jurídica de varias mesas activas.
Con el tiempo en contra, el gobierno de Gustavo Petro enfrenta el reto de redefinir su estrategia. De lo contrario, la Paz Total podría quedar como una promesa inconclusa, marcada por cifras que reabrieron el debate sobre el rumbo de la seguridad en Colombia.
