El Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) concentra recursos para regularizar barrios subnormales en Colombia, especialmente en el Caribe. Sin em
El Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) concentra recursos para regularizar barrios subnormales en Colombia, especialmente en el Caribe. Sin embargo, su alcance actual cubre solo una fracción del problema y mantiene presiones sobre tarifas, subsidios y la sostenibilidad del sistema eléctrico.
El sector eléctrico colombiano enfrenta una paradoja. Aunque existen fondos específicos para atender a los usuarios de estratos bajos, la magnitud del problema supera con creces la capacidad real de los programas vigentes. Así lo plantea el empresario Roberto Simons al referirse al Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE), un mecanismo financiado con recursos de la Nación provenientes, entre otros, de la bolsa de energía, destinado a normalizar redes en barrios subnormales.
En la región Caribe, la situación es especialmente crítica. De los cerca de 345.000 usuarios en condición de subnormalidad identificados en el país, una proporción cercana a la mitad se concentra en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, atendidos por la empresa Air-e. El resto del mercado de la costa quedó en manos de Afinia tras la división del antiguo operador regional.
Para 2025, los recursos del PRONE permitirían intervenir apenas entre 7.000 y 9.000 usuarios. Aunque estas normalizaciones permiten que dichos hogares ingresen formalmente al estrato 1 y accedan a subsidios, el impacto es marginal frente al universo total de usuarios subnormales. Municipios del Atlántico como Repelón o Sabanagrande reciben cupos de apenas 200 a 500 usuarios por periodo, cifras que reflejan las restricciones presupuestales del programa.
La subnormalidad eléctrica no es un fenómeno aislado. En muchos de estos barrios, los servicios de agua y gas también operan de manera informal o inexistente. La falta de redes adecuadas impulsa conexiones ilegales a predios vecinos ya normalizados, lo que incrementa las pérdidas técnicas y comerciales del sistema y termina afectando a los usuarios de estratos 2, 3, 4 y 5.
El esquema de subsidios agrava el dilema. Los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios del 60%, 40% y 15%, respectivamente, financiados en parte por las contribuciones especiales del 20% que pagan los estratos 5, 6 y algunos usuarios comerciales. La persistencia de altos niveles de subnormalidad amplía la presión sobre este modelo y limita su sostenibilidad.
Desde el sector se ha propuesto una alternativa: utilizar los recursos del PRONE bajo un esquema de gerencia de proyectos que permita traerlos al presente y ejecutar intervenciones masivas, del orden de 150.000 usuarios, en lugar de avances fragmentados año a año. El objetivo sería reducir de manera estructural las pérdidas, mejorar la facturación y aliviar la carga tarifaria.
La experiencia del Plan E, que fortaleció subestaciones y líneas de transmisión tras años de rezago, es citada como antecedente. Hoy, el sistema aún arrastra retrasos de entre 10 y 15 años en transmisión y distribución. Aunque la tarifa ha descendido desde picos cercanos a 1.250 pesos por kilovatio hora hasta rangos de 700 a 750 pesos, sigue impactada por restricciones, pérdidas y costos adicionales.
La discusión de fondo no es solo presupuestal. Se trata de definir si el país continuará gestionando la subnormalidad eléctrica como un problema incremental o si avanzará hacia una solución estructural que estabilice el sistema y reduzca sus distorsiones.