La convocatoria a una Asamblea Constituyente vuelve al centro del debate no como una discusión jurídica genuina, sino como una estrategia política de largo alie
La convocatoria a una Asamblea Constituyente vuelve al centro del debate no como una discusión jurídica genuina, sino como una estrategia política de largo aliento. El presidente Gustavo Petro ha decidido instalarla desde ahora como su proyecto de salida del poder: una causa que trascienda su mandato y condicione al próximo gobierno. No es una hipótesis. Esta semana, organizaciones sociales inscribieron ante la Registraduría el comité promotor de la constituyente con respaldo explícito del Ejecutivo, representado por el ministro de Trabajo.
El primer argumento es institucional. La Constitución de 1991 prevé mecanismos de reforma claros y exigentes. Saltarlos por la vía de una “iniciativa ciudadana” apalancada desde el Gobierno, erosiona el equilibrio de poderes y tensiona el principio de neutralidad estatal. No es menor que se hable de recoger hasta diez millones de firmas mientras se acusa al Congreso y a las Cortes de “bloquear” reformas: el mensaje implícito es que la legitimidad se traslada de las instituciones a la calle.
El segundo argumento es político-estratégico. La narrativa constituyente no busca consensos amplios; busca polarizar. Petro alinea su discurso con el libreto histórico del Foro de São Paulo: cuando el proyecto gubernamental pierde tracción electoral, se redefine el campo de juego. La constituyente opera como bandera permanente, capaz de deslegitimar a un eventual gobierno de centro o de derecha y de mantener movilizada una base que no acepta alternancia.
El tercer argumento es de riesgo país. Colombia necesita estabilidad, reglas previsibles y confianza. Convertir la Constitución en campo de batalla posterior a una derrota electoral eleva la incertidumbre política, afecta inversión y profundiza la fractura social. No se trata de temer al debate constitucional; se trata de rechazar su uso como mecanismo de presión.
Las reformas se discuten dentro del orden constitucional y con mayorías verificables. Lo demás no es deliberación democrática; es una estrategia para condicionar el futuro desde el pasado.